Regresar al Perú siempre resulta fascinante. Es un país vital, exuberante en cultura y con una gastronomía incomparable, pero también marcado por una permanente convulsión política y judicial. Todo ello ocurre, paradójicamente, en medio de una notable estabilidad económica que ha convertido al presidente del Banco Central de Reserva en una de las figuras más influyentes de la vida nacional. Esta vez fui invitado por el Ministerio Público para dictar una conferencia sobre delitos transnacionales en América Latina y, durante mi visita, confirmé hasta qué punto la justicia ha terminado moldeando la política peruana. No es un dato menor: ocho expresidentes han estado privados de la libertad y uno de ellos terminó suicidándose en medio de sus procesos judiciales. El país llega ahora a una nueva elección presidencial dividido entre sectores conservadores cercanos al fujimorismo, una izquierda radical y los llamados sectores “caviares”. El término, descrito magistralmente por Eduardo Dargent en su ensayo Caviar: del pituco de izquierda al multiverso progre, se utiliza para referirse a sectores de clase media y alta con visiones “progresistas”; una expresión que en Colombia podría asemejarse, con nuestras particularidades, al calificativo de “mamertos”.
En medio de esa tensión política, el Perú viene adelantando profundas reformas institucionales. La primera fue la aprobación de la Ley Nº 31988, promulgada en marzo de 2024, que reformó la Constitución y restableció el Senado y la Cámara de Diputados después de más de treinta años de unicameralismo instaurado tras el autogolpe de Alberto Fujimori. La reforma empezará a operar plenamente desde las elecciones de 2026 y fortalece considerablemente al Congreso, especialmente al nuevo Senado, que tendrá funciones decisivas en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y de otras altas autoridades del Estado. Con el retorno del bicameralismo, también se fortalece el sistema de controles políticos entre cámaras, lo que hará mucho más difícil la caída recurrente de presidentes que caracterizó la vida institucional peruana en los últimos años. En buena medida, el país parece regresar a un modelo de equilibrio semejante al colombiano, donde la existencia de dos cámaras funciona como un mecanismo adicional de contención frente a las crisis políticas y las destituciones presidenciales.
La segunda transformación llegó con la Ley Nº 32130 de 2024, que modificó el Código Procesal Penal ampliando las competencias operativas de la Policía en las investigaciones penales y ha sido interpretada por amplios sectores jurídicos como una reducción del control directo que ejercía la Fiscalía sobre la investigación criminal. En el modelo peruano, el Ministerio Público dirige jurídicamente los procesos, pero depende materialmente de la Policía para ejecutar allanamientos, capturas y actos de policía judicial. La reforma rompe ese equilibrio histórico y traslada una mayor capacidad operativa y de influencia hacia la Policía Nacional dentro del sistema penal.
A ello se suma la decisión del Tribunal Constitucional ( 00006-2024-PCC/TC) que, antes de la destitución de Dina Boluarte, limitó el alcance de las investigaciones en su contra mediante una interpretación restrictiva del artículo 117 de la Constitución peruana. El mensaje institucional era claro: el Perú entra en una nueva etapa de reorganización del poder. El Congreso gana protagonismo, el futuro Senado adquiere enorme influencia sobre los órganos de control, la Policía fortalece su capacidad operativa y la Fiscalía pierde margen de acción frente al poder político. Después de años de crisis institucionales, vacancias presidenciales y enfrentamientos permanentes entre justicia y política, el vecino país parece buscar un nuevo equilibrio institucional, parecido al que históricamente ha operado en Colombia, donde la existencia de dos cámaras introduce mayores controles y hace más complejos los procesos de destitución presidencial. La gran pregunta es si ese rediseño traerá gobernabilidad democrática o si, por el contrario, terminará consolidando un modelo donde la estabilidad política se imponga sobre la capacidad de control de las instituciones.
@FBarbosaDelgado
