Dos de los candidatos a la Presidencia han hecho su carrera a hombros de los narcos y sus fortunas. Ambos enemigos de la extradición. Alguien dirá que todos los criminales tienen derecho a su defensa. Y que esa es tarea de penalistas.
La Constitución solo puede modificarse a través de un acto legislativo aprobado en el Congreso, un referendo o una asamblea constituyente. Le guste o no a la izquierda, no hay otro camino.
Estados Unidos adelanta investigaciones contra Gustavo Petro por supuestos nexos con el narcotráfico, mientras acá (en Colombia) la Fiscalía mira para otro lado.
La dupla de Oviedo y Paloma es ganadora, para ellos y para Colombia, siempre que sean capaces de derrotar la narrativa de infundios y falsedades que les están montando desde ambos extremos.
En el ‘remolino impetuoso’ perdemos la capacidad de entender y asimilar la espantosa realidad que vivimos en este gobierno desastroso.
Petro actuó por puro cálculo electoral, por conveniencia politiquera. El aumento del salario mínimo se hizo contra la ley y contra todo criterio técnico y con el único propósito de ganar unos votos en las elecciones.
El ciudadano debe tener la certeza de que sale en la mañana a trabajar y va a regresar al final de la jornada sano y salvo.
Hay quienes se están dedicando a sabotearla. Invitan a no votarla o a anular el voto. Los argumentos son abiertamente falsos o errados.
Retrocede la democracia de la mano del populismo de todos los colores. El asunto es tan grave que el que debiera ser el líder democrático de Occidente, el presidente de los Estados Unidos, no teme decir de sí mismo que es “un dictador”. No lo es, pero después de su declaración de Davos queda clarísimo que quisiera serlo.
Con un puerto moderno y competitivo, Urabá deja de ser un territorio periférico para convertirse en un nodo estratégico del comercio exterior colombiano, capaz de dinamizar la economía regional y nacional.
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