Según el ente acusador, los oficiales implicados habrían reportado coordenadas falsas sobre la ubicación de sus tropas, lo que aumentó la vulnerabilidad del pelotó.
La ministra de Vivienda fue nombrada para estos cargos debido al impedimento de los titulares de ambas carteras para ejercer ciertos trámites.
El ente acusador le imputó los cargos de lavado de activos y tráfico de influencias. La audiencia se aplazó por problemas técnicos.
El expresidente del Senado se habría reunido con Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz para la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo, saqueados de la Ungrd.