Adiario conocemos noticias sobre el sector energético. Rara vez son alentadoras. Y, por el momento, ninguna confirma lo que los ciudadanos reclaman con desesperación: la disminución real y, sobre todo, significativa del valor de la tarifa de energía eléctrica. Demasiados anuncios en esta dirección se han quedado en vanas promesas de encantadores de serpientes.

Ahora que el fenómeno de El Niño ha comenzado a consolidarse en el país, preocupantes señales, como limitaciones de suministro, suspensiones inesperadas del servicio o la disparada del precio de la energía en bolsa, ratifican que la difícil situación per se que arrastra el sistema energético podría agudizarse todavía más. Tormenta perfecta que solo hará más tortuoso este sinvivir para los usuarios. Es un hecho irrefutable que el insoportable aumento de las temperaturas ha venido incrementando progresivamente la demanda de energía en la región. Y esto es solo el principio.

De castaño oscuro, el asunto –sin solución a la vista, para ser honestos- centra el interés de actores que coinciden en el riesgo real de un ‘apagón financiero’, advertido hasta por la Contraloría General, ante la incertidumbre que la actual coyuntura ha generado. Por un lado, las empresas comercializadoras se están quedando sin liquidez para comprar energía u operar. Entre saldos acumulados de la opción tarifaria, subsidios de la electricidad no pagados, más otros pendientes de alumbrado público, la cartera que el Gobierno les adeuda asciende a $6,4 billones. Por el otro, el precio de la energía en bolsa, que superó hace unas semanas los $1.000 el kilovatio hora, lo que afectará el nivel de contratación de las comercializadoras. En la medida en que escaseen las lluvias, la cantidad de agua que llegue a los embalses se reduzca o se vacíe su capacidad de almacenamiento por no tener flujo constante, la situación se tornará más difícil para el Sistema Interconectado Nacional, que acusa un agotamiento de sus redes de transmisión. En este caso, por el aumento de la demanda, pero como telón de fondo aparece el retraso en la ejecución de proyectos clave de generación, transmisión y subtransmisión, a cargo de la UPME.

Por regulación, el actual modelo de opción tarifaria, en el que los ciudadanos asumen las pérdidas de energía, lo que ha estallado el valor que pagamos, como señala el exministro Amylkar Acosta, es un “nudo corredizo en el cuello de los resignados usuarios que terminará por ahorcarlos”. Sabemos de lo que habla. Andeg, Andesco y otros gremios del sector, que han levantado la mano en medio de este debate, insisten en que el Gobierno nacional tiene las salidas a su alcance. Una de ellas es que el resto del país también se haga cargo de las pérdidas. Otra, es que con recursos del Presupuesto General de la Nación se financien obras de modernización de infraestructura eléctrica por $3 billones. Propuesta sensata de la Cámara de Comercio de Barranquilla y del Comité Intergremial del Atlántico en respuesta al histórico rezago en inversiones y a problemas estructurales de congestión en el Sistema de Transmisión Regional y en el de distribución local.

Tarifas más justas. Es el clamor de la gente que no tiene por qué calibrar las muchas dificultades de un sector desfinanciado, al que le faltarían $1,3 billones para cubrir la totalidad de los subsidios de energía para estratos 1, 2 y 3, en 2024, además de otros $184 mil millones para los de gas natural. De reducir las distorsiones del mercado habla el ministro de Minas, Andrés Camacho, con quien no se podría estar más de acuerdo que en encontrar salidas a la crisis crónica de alzas. No es negando los problemas ni proponiendo soluciones tan inverosímiles como inviables, desde la perspectiva legal como para los usuarios, que se solventarán los muchos cuellos de botella del sistema energético nacional. Cambiar la estructura tarifaria, implementar ajustes regulatorios, movernos hacia una transición energética gradual, son asuntos a debatir, en lo posible, con una CREG sin interinidad, una UPME consciente de las actuales urgencias, y un Gobierno decidido a invertir lo que haga falta. Nada en contra de fortalecer el papel del Estado, si no se cae en la tentación de cerrarle la puerta al sector privado. Nuestra experiencia indica que lo público no ha tenido necesariamente una mejor gestión que lo privado. Es ingenuo creer que devolverse a ese modelo lo resolverá todo, hará más eficiente la prestación del servicio o disminuirá el alto valor de la tarifa de energía. Regular es la clave, en vez de irse al otro extremo.