Cuenta regresiva para la vuelta a las aulas en Barranquilla y Atlántico, donde las secretarías de educación del Distrito y el departamento han avalado protocolos de bioseguridad de colegios públicos y privados, previa revisión de sus planes de alternancia educativa y sus acciones con la comunidad educativa para garantizar un regreso seguro. Es el camino acertado para darle vuelta a una situación insostenible que afecta no solo la vida familiar y social de los niños y sus hogares, sino también las posibilidades de generar más oportunidades, transformar economías e impulsar desarrollo en los territorios.
A pesar de la estabilidad de los indicadores epidemiológicos del virus en la ciudad y en los municipios frente a las segundas olas que atraviesan otras regiones del país, no es fácil la decisión que deben tomar los padres de familia que hoy se debaten entre los llamados de docentes y directivas de centros escolares para retrasar su apertura y la imperiosa necesidad de retomar cuanto antes la educación presencial de sus hijos para evitar la profundización de la brecha educativa y los déficits de socialización y acceso al conocimiento al formarse exclusivamente en casa. Construir confianza es imprescindible para lograr el equilibrio que permita el retorno de un servicio público tan esencial.
En Colombia, según datos del Ministerio de Educación, al menos 100 mil estudiantes habrían abandonado su formación debido a las difíciles condiciones en las que han tenido que educarse durante el último año. Sin conectividad ni herramientas digitales, con profesores a los que les sobra buena voluntad, pero no cuentan con recursos suficientes ni instrucción adecuada para dictar sus clases en la virtualidad; niños y jóvenes están desmotivados para aprender.
Si los colegios siguen cerrados y no se garantiza el derecho fundamental a la educación de menores de edad de todas las condiciones socioeconómicas, especialmente los de las comunidades más empobrecidas cada vez resultará más complejo revertir la catástrofe generacional que se avecina. Expertos advierten que el país enfrenta un alarmante retroceso de 20 años en materia educativa por la interrupción en los procesos formativos presenciales que pasará una factura impagable frustrando las posibilidades de un mejor porvenir para la población más vulnerable, sobre todo las mujeres.
Salvar vidas sigue siendo la prioridad en medio de la pandemia y conservar todas las medidas de prevención frente a la propagación del virus es indiscutible, pero sí alguien es capaz de desafiar el contagio asistiendo a actividades sociales como fiestas clandestinas, incluso burlando el control de las autoridades; ¿cuál es su argumento para manifestarse en contra del regreso presencial – bajo esquemas de alternancia – de niños y jóvenes a los centros educativos?
Los colegios pueden ser espacios seguros si adoptan todas las medidas de higiene y seguridad para reducir el riesgo de contagio. No todos podrán ser habilitados por las limitaciones en su infraestructura y deficiencias en la prestación de servicios públicos, pero en aras de la equidad educativa hay que explorar la posibilidad de retomar las clases presenciales lo antes posible.
Que la inacción o el miedo no empujen a más a niños y adolescentes a la desescolarización, a la desnutrición, al retraso de su desarrollo emocional y cognitivo, o los conviertan en víctimas de abuso físico o sexual. Hay que superar las extraordinarias limitaciones educativas impuestas por la pandemia redoblando esfuerzos y debatiendo fórmulas que contribuyan al regreso a las aulas sin mayores dilaciones.
