Parece que fuera ayer el día en que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, pero después de más de 7 años desde su firma, el estado de su implementación sigue generando preocupaciones por la falta de ejecución y de un verdadero compromiso político por parte del gobierno.
Más allá de la oposición que recibió en su momento el proceso de paz con las Farc, el mundo y gran parte de Colombia reconocieron la importancia que revestía para el país acabar el conflicto con uno de los actores armados más antiguos de América Latina.
Aunque muchos se han quedado estancados en la defensa u oposición al acuerdo, la realidad actual es que el problema no es el acuerdo per se, el cual conllevó un gran esfuerzo político e institucional, sino su implementación.
No se puede pretender medir el éxito de un acuerdo si no ha tenido una verdadera implementación. Es como creer que si se contrata una obra y esta no se ejecuta, por el hecho de suscribir un contrato mágicamente se va a obtener el resultado.
La implementación del Acuerdo todavía se encuentra en una etapa muy temprana, con pocos recursos, un sinnúmero de problemas y con un gobierno que, pese a utilizar la bandera de la paz para llegar al poder, se ha enfocado en nuevos y fallidos procesos con otros actores como el ELN, que no tienen voluntad de acordar la paz. Entre los aspectos críticos se encuentra el deterioro de la seguridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz.
Conforme a los datos del informe “¿Hacia dónde va el Acuerdo de Paz?” de la Comisión de Paz del Congreso y de la Fundación Ideas para la Paz, en los primeros siete meses de 2023, fueron asesinados 28 excombatientes, con el 43% de ellos ubicados en municipios PDET y el 21.4% en municipios PNIS. Entre enero y julio de 2023, se reportaron 180 secuestros, representando un aumento del 81.8% comparado con el mismo periodo en 2022.
Este mismo informe plantea otros temas que deberían generar preocupación tanto por parte de la ciudadanía como a nivel interno del gobierno. En materia de recursos destinados al proceso de paz se estableció que hasta el año pasado solo se habían ejecutado el 18.6% de los recursos necesarios para cumplir con las metas del acuerdo.
Al respecto, en abril de 2023 durante la plenaria del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC), el presidente Gustavo Petro dijo que no había dinero ni para cumplir el Acuerdo de Paz ni para reparar a las víctimas.
La gran pregunta es: ¿No hay dinero o no se está priorizando en este gobierno la implementación del Acuerdo? El compromiso con la paz no puede convertirse en un saludo a la bandera, como tampoco puede verse como una política del gobierno de Santos. Es una política de Estado que requiere ejecución, con el fin último de que en algún punto la paz se pueda consolidar en el territorio colombiano.
@tatidangond
