Aprovechemos la coyuntura actual para hacer una reflexión sobre las garantías judiciales y la necesidad de que estas no dependan de vertientes políticas. La Constitución es clara al establecer que la Fiscalía es una entidad autónoma e independiente encargada de investigar delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Entre sus competencias, la fiscalía tiene la capacidad de solicitar preclusiones, un instituto procesal que permite la terminación del proceso penal sin agotar todas las etapas procesales. El artículo 332 de la Constitución prevé las circunstancias bajo las cuales la Fiscalía puede solicitar la preclusión de la investigación ante un juez de la república, cuando se encuentran motivos razonables para no llevar a una persona a juicio, pues el mismo representaría un desgaste a la justicia.
Sin embargo, resulta contradictorio que, pese a las solicitudes de preclusión presentadas por la Fiscalía, especialmente por falta de pruebas, estas sean negadas y la Fiscalía se vea obligada a presentar un escrito de acusación y llevar a juicio a un ciudadano. En muchos casos, estas decisiones parecen ser más políticas que jurídicas, lo que nos lleva a cuestionarnos: ¿Dónde están las garantías judiciales? ¿Puede un ciudadano estar vinculado a un proceso penal indefinidamente, dependiendo del gobierno de turno?
La respuesta debe ser un rotundo no. La Fiscalía, como órgano autónomo, debería ser completamente ajena a las variables políticas. Sin embargo, en Colombia, esta independencia no siempre se ha respetado. Cada día somos testigos de casos y titulares de prensa que reportan capturas y acusaciones de ciudadanos que posteriormente resultan absueltos por falta de pruebas. Esto ocurre porque la Fiscalía no presenta ante el juez un acervo probatorio suficiente que lleve al juez a una convicción más allá de toda duda razonable.
Este problema no se limita a un solo caso emblemático, como el del expresidente Álvaro Uribe. Es un fenómeno recurrente que afecta a muchos ciudadanos. La politización de la justicia mina la confianza en las instituciones y pone en riesgo las libertades y derechos fundamentales de las personas.
La justicia debe ser imparcial y basada en pruebas concretas, no en presiones políticas. Las garantías procesales están diseñadas para proteger a los ciudadanos de abusos y asegurar que solo se procese a aquellos contra quienes existan pruebas suficientes. De lo contrario, se perpetúa una injusticia que no solo perjudica a los individuos, sino que también socava el Estado de Derecho y la democracia.
Es necesario fortalecer la independencia de la Fiscalía y garantizar que sus decisiones se basen exclusivamente en criterios jurídicos y probatorios. Solo así podremos asegurar que las garantías procesales no sean solo palabras en un papel, sino derechos efectivos para todos los ciudadanos.
