El reciente archivo del proyecto de ley que buscaba regular la eutanasia en Colombia es una decisión que atenta contra la libertad individual y los derechos fundamentales que tanto esfuerzo ha costado consagrar en nuestra sociedad. Este es el decimoséptimo intento fallido de legislar sobre la eutanasia en Colombia desde que la Corte Constitucional despenalizó el procedimiento en 1997 en una sentencia que fue controversial pero necesaria, en donde se reconoció que el derecho a la vida no puede reducirse a una mera obligación de existir, sino que debe entenderse en consonancia con la dignidad humana y la autonomía individual.
La Corte afirmó que obligar a una persona a prolongar su vida en condiciones de sufrimiento extremo puede constituir un trato cruel e inhumano. A pesar de que la eutanasia es legal en el país desde entonces, la falta de una regulación clara ha generado múltiples barreras para que los ciudadanos puedan ejercer este derecho de manera efectiva.
La Constitución Política reconoce en su artículo 16 el derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo que implica que cada individuo tiene la facultad de tomar decisiones autónomas sobre su vida, siempre que no infrinja los derechos de los demás. En este contexto, la posibilidad de elegir una muerte digna, especialmente en casos de enfermedades terminales o padecimientos insoportables, debería ser una manifestación legítima de esta autonomía personal.
A pesar de estos avances jurisprudenciales, la falta de una ley que regule de manera detallada el procedimiento de la eutanasia deja en un limbo tanto a los pacientes que desean acceder a este derecho como a los profesionales de la salud que podrían verse involucrados en su práctica.
Ahora bien, para quienes están en contra: La eutanasia no es obligatoria, es una decisión que cada persona puede tomar de acuerdo a sus creencias y su situación particular. Sin embargo, la negativa a regular la eutanasia no solo limita la libertad individual, sino que también perpetúa el sufrimiento de personas que, en uso de su autonomía, desean poner fin a una existencia marcada por el dolor y la pérdida de calidad de vida y que desafortunadamente no tendrán una mejoría certificada medicamente.
Negar esta posibilidad es desconocer la lucha histórica por la libertad individual y los avances en el reconocimiento de la dignidad humana como eje central de nuestro ordenamiento jurídico. Es hora de que el Congreso de la República asuma su responsabilidad y legisle en favor de una muerte digna, respetando la voluntad y autonomía de quienes enfrentan situaciones de sufrimiento extremo.
@CancinoAbog
