No nos equivocamos. El proceso de reasentamiento de más de un centenar de familias damnificadas tras la catástrofe invernal de noviembre de 2022 en Piojó, municipio del centro del Atlántico, ha sido un verdadero desastre. En EL HERALDO lo hemos advertido en reiteradas ocasiones y ahora la misma Contraloría General de la República nos da la razón.

Otro caso en el que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) no ha demostrado la celeridad ni la competencia exigidas por los afectados. Hablamos de personas humildes, de escasos recursos, algunos de edad avanzada, quienes luego de perder sus viviendas por un fenómeno de remoción en masa, del cual seguimos aún sin saber su origen, se cansaron de suplicarle a la entidad el pago oportuno de los arriendos a los que se había comprometido.

Sin solución definitiva y, todavía peor, desesperados ante la ausencia de certezas sobre su reubicación en una zona segura, decidieron correr el riesgo de retornar a sus derruidas casas. Al menos la mitad de las familias lo hicieron en el último año.

Los mueve la necesidad de un hogar propio, no tienen con qué, pero se endeudan lo que haga falta para reconstruir su vivienda y de paso recuperar la estabilidad que la tragedia les arrebató hace 28 meses.

Este no es el deber ser, aunque basta con ponerse en sus zapatos para experimentar la tristeza e indignación que los impulsaron a dar ese paso. Ciertamente los fenómenos de la naturaleza son –casi siempre– impredecibles, de manera que ninguna fuerza humana sería capaz de detenerlos. Lo que resulta intolerable es que una vez ocurren las entidades del nivel central y las territoriales persistan en errores de bulto en asuntos claves como la planeación estratégica, recursos y capacidad institucional para responder con idoneidad.

Lamentablemente, ninguna de esas líneas maestras de actuación ha acompañado el proceso de reubicación en Piojó. Los hechos así lo demuestran. Pese a que la Contraloría General alertó en su momento que el lote comprado por la Ungrd, por $1.200 millones para reasentar a las familias damnificadas era inadecuado, debido a su distancia de 4 kilómetros con el casco urbano del municipio, se insistió en seguir adelante con el proyecto.

Dieron tantas vueltas para justificar su cadena de desaciertos que lo mínimo es que ahora ofrezcan explicaciones claras, transparentes, de lo que hicieron y, sobre todo, de lo que dejaron de ejecutar. Inicialmente Olmedo López, el vergonzosamente célebre director de la unidad, envuelto en uno de los peores escándalos de corrupción de la historia reciente del país. Y, en segunda instancia, su reemplazo, Carlos Carrillo, quien ajustó un año en el cargo, tiempo suficiente para elaborar un plan integral, serio, bajo parámetros técnicos, y con un cronograma preciso. Pero aún nada, no se conoce hasta la fecha, como se reveló hace días.

Fue durante el recorrido del vicecontralor Carlos Mario Zuluaga entre las ruinas del desastre. Su visita a Piojó dejó al descubierto que los avances de la Ungrd son mínimos o, mejor cabría decir, nulos. Los funcionarios de la unidad aún continúan sus estudios para determinar si el predio adquirido es viable, si las viviendas que colapsaron pueden o no habitarse o si es factible construir en otros predios. Sin esa garantía, ninguna contratación tendrá luz verde. Y así transcurren los tiempos de un Estado paquidérmico, también indolente, al que se le amontonan, como bien lo retrata Zuluaga en su análisis, los puntos olvidados. En tanto, la vida cotidiana de la gente, consumida por sus dramas, no se detiene.

Digan lo que digan, tener que esperar 15 años para recibir una vivienda no es normal. Por supuesto que no. Familias afectadas por la emergencia invernal que devastó el sur del Atlántico entre 2010 y 2011 acaban de estrenar casas propias en Sabanalarga, entregadas por el Fondo Adaptación. Bien por ellas, pero cerrar las heridas del pasado no debería tomar tanto tiempo ni pretender que todo quede como si nada. Indigno e inhumano. Es la verdad.

Desterrar una forma tan nociva de saldar las deudas con las comunidades debería ser prioridad de las administraciones públicas. Demoras, exceso de trámites o pago de ayudas con retraso socavan la confianza de la gente en sus instituciones. Piojó merece mejor suerte.