Por estos días, la madre de todos los escándalos en Colombia corre por cuenta del omnipresente accionar delictivo de Diego Marín Buitrago, el poderoso zar del contrabando, conocido con el alias de Papá Pitufo. Sus larguísimos tentáculos o apéndices corruptores se extienden por doquier en el interior de un Estado mañoso donde la cleptocracia, a través de sus distintas expresiones, nepotismo, clientelismo o peculado, ha sido el modus operandi elegido por un puñado de servidores públicos, desde altos funcionarios gubernamentales y políticos hasta integrantes de la fuerza pública, de aduanas y puertos, pasando por jueces y fiscales, quienes accedieron a vender sus conciencias, también su dignidad, al mejor postor.

¿Sorpresa? Ninguna. Mejor dejemos de lado tanta hipocresía y, de una vez por todas, asumamos que paralelo a la institucionalidad del país ha funcionado desde siempre un engranado sistema de economías criminales que en su imparable avance intenta coaptar lo que encuentra a su paso. Si la maquinaria ilícita no logra corromper a sus objetivos, los intimida, persigue o amenaza hasta sacarlos del camino o, todavía peor, hasta eliminarlos.

‘Azules’ hemos quedado los colombianos con las revelaciones, cada una más vergonzosa que la anterior, sobre las andanzas de ‘Papá Pitufo’, señalado de ingresar $500 millones a la campaña Petro Presidente, vía el político y empresario catalán Xavier Vendrell, figura cercana al jefe de Estado, a quien se le vio hace unos días conversando con otro de los salpicados en la nueva tormenta, el siempre orondo jefe de despacho, Armando Benedetti.

Ante la escalada de contradicciones en la que se han enzarzado los protagonistas de este vergonzoso capítulo de la tragicomedia presidencial, vinculada a la telaraña de corrupción urdida durante décadas por ‘Papá Pitufo’, urge que la Fiscalía General actúe con celeridad para tratar de desbaratar la cadena de excusas, desmentidos y acusaciones en la que se escudan los denunciantes y denunciados, la cual disparó más alarmas rojas en el Ejecutivo.

Asistimos una semana más a un fuego amigo de dimes y diretes, en el que aparecen el director de la UNP, Augusto Rodríguez; el militante de la Alianza Verde, Néstor Daniel García, quienes ya declararon esta semana ante el fiscal investigador, y Armando Benedetti, inmancable en los bochinches del ‘Gobierno del Cambio’, que de aquello más bien poco, al haber incurrido, es lo que se presume, en las conductas irregulares que tanto reprochaba.

En la nebulosa de desgobierno en la que flota el gabinete, en especial desde el televisado consejo de ministros, cuesta cada día más distinguir quién dice la verdad o si todos nos mienten. El desenfreno de manipulación retórica o fuego amigo al que acuden los cuestionados, incluido el jefe de Estado, para desviar la atención del hecho central, que es la nueva acusación de infiltración de dineros ilícitos a la campaña presidencial, no pasa inadvertido en un país conmocionado por sus implicaciones en la legitimidad del Ejecutivo.

Las pitufadas del históricamente intocable Diego Marín habrían traspasado los filtros de seguridad de la campaña Petro, por credulidad, interés personal o incapacidad de los escuderos, lo que dice mucho, todo en mal sentido, de los controles establecidos. Incluso si, como se asegura, el dinero se le devolvió a ‘Papá Pitufo’, algo que no está confirmado, como tampoco si se repuso o no la supuesta comisión del 10 % que García cogió de la donación, o si todo quedó grabado en un video –a manera de prueba– que ahora no aparece.

Por donde se mire el asunto comporta un insoportable tufo de ilegalidad. Aún más si a todo lo anterior se le suma el pago de un vuelo que hizo César Valencia, enviado de Marín, en el que viajó el candidato Petro, quien estuvo con el capo del contrabando en al menos dos ocasiones a instancias de los asesores Vendrell y Benedetti, en Bogotá y en Madrid, España.

Y es apenas la punta del iceberg. Lo que hasta ahora se conoce del entramado de flagrantes delitos e impunidad orquestado por ‘Papá Pitufo’, preso en Portugal y a la espera de su extradición a Colombia, es tenebroso e insólito, pero ciertamente revelador de la nefasta influencia de su poder corruptor. Cuesta creer que, pese a su carrera criminal de 40 años, apenas empezó a ser investigado formalmente en 2023, en la Fiscalía de Francisco Barbosa.

Son tantas las presuntas complicidades como las inquietudes alrededor de la actuación de altos cargos de los últimos gobiernos, también de congresistas mencionados en una lista revelada esta semana por el ex director de la Dian y actual ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, con supuestas recomendaciones de personas para cargos en una entidad infiltrada por el capo en distintos niveles. Muy graves los efectos colaterales que se derivarían de ello.

Sin embargo, que nadie pierda el foco ni se deje meter los dedos a la boca. Sin rodeos, el país exige y merece conocer la verdad sobre la trama de connivencias de ‘Papá Pitufo’ en anteriores gobiernos, lo cual no excluye que Petro y su entorno también deban ofrecer la suya. Por el momento, la versión oficialista no aclara la confusión reinante en el interior de sus filas y de cara a la gente, una debacle que al final podría convertirse en su propia ruina.