Aquello que de los golpes se aprende y que los errores son oportunidades para enderezar el camino, corregir y buscar no volver a cometerlos producto de la experiencia adquirida. Aquello de que no se puede tropezar con la misma piedra, o que más vale pájaro en mano que cien volando son expresiones que el gobierno del presidente Gustavo Petro parece que no ha podido asimilar o no ha querido aprender.

No, nada que aprendemos como país y el Gobierno nacional, que es el encargado de tomar las decisiones que terminan beneficiando o afectando a todos los colombianos, se empeña en unos caminos tortuosos que tarde o temprano terminan pasándole factura a la economía del país y por ahí derecho a las finanzas de quienes habitamos en este territorio.

La muestra más fehaciente es el inédito episodio de la aprobación del monto del presupuesto 2025 en el Congreso de la República y que tiene al país en una incertidumbre política y económica, por cuenta de la decisión férrea e inamovible del Ejecutivo, como todo lo que ha pretendido sacar por encima de quién sea y al costo que sea, en el transcurrir del ejercicio legislativo.

$523 billones. Ese es el monto que estipuló el Ministerio de Hacienda y que presentó al Congreso, y en el que incluye $12 billones del proyecto de Ley de Financiamiento que radicó el martes y con el que pretende obtener la plata que le hace falta para completar el presupuesto del próximo año.

Una vez más el Gobierno hace cuentas alegres y mete en el PGN dineros con los que realmente no cuenta. Ya le pasó este año en el que incluyeron 10 billones de pesos por litigios de arbitramentos que no se cumplieron y obligaron a que el Minhacienda, en una decisión responsable y sin alternativa, recortara el PGN 2024 en 20 billones de pesos. Esto pese a las alertas que en su momento hizo el Comité Autónomo de Regla Fiscal.

En esta ocasión, el Congreso quiso ponerle freno de mano al Gobierno y obligarlo a disciplinarse fiscalmente y ajustar el proyecto de presupuesto a un monto realista que solo contemple los recursos con los que realmente cuenta, pero en la tarea fracasaron con sus iniciativas que tampoco lograron el consenso en las cuatro comisiones económicas.

Ni el Gobierno ni los congresistas que presentaron cifras alternativas contaron con los votos. Así que en un escenario inusual, las comisiones del Senado negaron el monto de $523 millones planteado por el Ministerio de Hacienda y se abrió todo un abanico de interpretaciones jurídicas que tienen confundido al país, pues la norma que rige el funcionamiento del Congreso lo que sí estipula de manera precisa y directa es que el plazo para aprobar el monto del presupuesto es el 15 de septiembre, que las cuatro comisiones deben aprobar el mismo monto –pero no especifica qué pasa si una de ellas no lo acoge– como pasó efectivamente el pasado miércoles. Lo cierto es que esa misma norma sí es clara en que si el 20 de octubre el Legislativo no ha aprobado el presupuesto el jefe de Estado tendrá la facultad de aprobarlo por decreto. ¿Será que el presidente Petro, como dicen algunos críticos, tenía clara desde el principio su estrategia de empujar el disenso y así poder decretar el presupuesto “desfinanciado”?

El ministro de Hacienda defiende su proyecto y sostiene que no es la primera vez que se presenta un presupuesto desfinanciado, pero afirma que precisamente para eso se radicó el proyecto de Ley de Financiamiento, que entre otras cosas es cuestionado porque vía impuestos el Gobierno busca seguir manteniendo el nivel de gasto que tiene, en vez de reducirlo como alternativa para ajustarse el cinturón. Pero eso sí, manteniendo muy bajos niveles de ejecución. ¿Para qué quieren más plata el presidente Petro y sus ministros, si no la ejecutan y no invierten los recursos disponibles?

Expertos advierten que es un mal mensaje el hecho de que el presidente, en vez de buscar acordar una cifra real y razonable, termine decretando su presupuesto. Lo sucedido no es más que una clara muestra, una más, de la profunda incapacidad política que nos gobierna para lograr acuerdos y evitar más golpes económicos y seguir restándole credibilidad crediticia al país.

Ahora la nueva cita es para el martes 17 de septiembre para iniciar la discusión del presupuesto sin el monto aprobado, para este trámite el plazo que fija la ley es el 25 de septiembre para aprobación en primer debate. Sabiduría, disciplina y todos los debates jurídicos necesarios para que no se cometa una embarrada que nos cueste en materia fiscal más de lo que ya nos está costando.