¿A quién interesa el pico de violencia machista en el Atlántico? Parecería que a nadie, excepto a los colectivos feministas. Es lamentable el doble rasero que exhibe la institucionalidad ante el incremento de homicidios de mujeres en el departamento, en particular feminicidios en Soledad.

La articulación de las autoridades del ámbito nacional, departamental y local, en el caso de Barranquilla, para redoblar sus esfuerzos ante el considerable aumento de asesinatos a causa de disputas por el control territorial y de rentas ilícitas entre organizaciones criminales, como es su obligación, contrasta con su laxitud para encarar la alarmante violencia de género que deja, a corte de agosto, casi medio centenar de víctimas en el departamento. Dato escalofriante que supera de lejos el total de crímenes durante el 2023. Es el retrato de una indolencia desoladora.

El caso de Gina Paola Rivera Toloza es un fiel, además de doloroso, reflejo de esa desidia institucional que haría bien la Procuraduría General en vigilar, al ser una de las contadas entidades oficiales que se ha ocupado de abordar esta grave crisis. La mujer de 31 años fue reportada como desaparecida el 16 de julio en Soledad. Su cuerpo apareció sepultado en un lote del barrio El Paraíso de ese municipio el 18 de agosto. Un testigo le contó a la familia que un hombre la enterró en ese sitio; su hermana dice que acudió a la Fiscalía, a la Policía, pero no fue atendida. Finalmente, gracias a la gestión de la líder Ruth Pareja, quien convocó al Ministerio Público, se pudo exhumar el cadáver. Pero, del supuesto victimario, su pareja, nada, ni el rastro.

Su paradero es desconocido, como también lo es el de los presuntos responsables de los feminicidios de Diana Rosa Julio, Limcy De Moya y Mónica Durán Cera, en Soledad. Todos identificados por las autoridades, ninguno capturado. El balance no puede ser más penoso. De los cinco crímenes machistas registrados este año en el municipio solo un hombre ha sido judicializado, el autor del homicidio de Paola Barreto, quien la mató en su casa, al lado de su hijo.

Es increíble que pese a que en Colombia está vigente una emergencia nacional por violencias basadas en género desde mayo de 2023, incorporada además al Plan Nacional de Desarrollo, las rutas de atención en el Atlántico continúen fallando, no se prioricen estrategias de prevención ni se garantice la puesta en marcha de un sistema eficaz de alertas tempranas que proteja tanto a las mujeres como a sus hijos, víctimas de violencia intrafamiliar, y les ofrezcan espacios seguros.

Luego nos quejamos de que no denuncian, pero es que no saben ante quién, cómo o en dónde, y, aún peor, cuando lo logran, con demasiada frecuencia, sus llamados de auxilio no son tenidos en cuenta con celeridad ni valorados con enfoque de género, en aras de prevenir trágicos desenlaces. Si así ocurre en el caso de las que se arman de valor para pedir ayuda, mejor ni hablar de la extrema vulnerabilidad de aquellas que están aprisionadas por un entorno imposible que apenas les da espacio para respirar, sometidas por quienes consideran que son de su propiedad.

¿Qué se hace por ellas? Me temo que poco o nada.

En el Atlántico, también en el resto del país, pese a los discursos grandilocuentes desde entidades tan inoperantes e ineficaces como el impresentable Ministerio de la Igualdad, los estereotipos de género así como las relaciones desiguales de poder que reproducen las violencias contra niñas y mujeres les siguen ganando la partida a las tímidas estrategias institucionales para cambiar la historia de las víctimas. ¿Por qué nada varía? La respuesta está en el extendido machismo que pervivirá en nuestra sociedad si no generamos una conciencia social preventiva y si las instituciones públicas no lideran una transformación en la forma de actuar de sus funcionarios ante lo que es una emergencia nacional.

Hace bien el personero de Soledad, Benjamín Latorre, en alzar su voz para pedirle a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, una comisión especial de fiscales para que con perspectiva de género investigue los feminicidios en el municipio, más aún cuando uno de los victimarios, Deiser Toloza, estaría involucrado en la desaparición de la que era su pareja en 2004. Debe evitarse a toda costa que estos casos terminen archivados o impunes. Es intolerable que este sea el mensaje que envía la justicia ante una realidad tan desconsoladora, que más que nunca necesita un Colectivo de Articulación sobre Emergencia por Feminicidios en Atlántico. Adelante, unidas somos más fuertes.