Corren los 12 días de plazo -acaban este 5 de agosto- acordados para que alcaldes de 37 sectores de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde miles de usuarios acumulan deudas de energía por más de $2 billones, se vinculen a una negociación. O lo que es lo mismo, suscriban convenios de pago con la empresa Air-e para evitar el reinicio de las suspensiones diarias por los bajos índices de recaudo, que en algunos casos no llegan ni siquiera al 5 % del consumo mensual.

A una sin salida se ven abocados los mandatarios municipales, nos referimos puntualmente a los de nuestro departamento a quienes consultamos en EL HERALDO. Porque aunque les sobra voluntad para tratar de resolver esta crisis descomunal, carecen de recursos económicos, además no tendrían la potestad legal para destinar los fondos públicos que manejan al pago de deudas de los barrios que aún no han sido normalizados eléctricamente y de las consideradas zonas de difícil gestión que, de acuerdo con Air-e, suman buena parte de las obligaciones sin abonar.

Solo en el Atlántico, como hemos registrado en nuestras ediciones, las deudas vencidas de unos 70 mil usuarios de sectores subnormales, entre ellos 25 mil en Soledad y 24 mil en Barranquilla, suman casi $680 mil millones. De manera enfática, los alcaldes anticipan que no responderán por deudas impagables que vienen de tiempo atrás, tampoco asumirán acuerdos de pago por consumos de terceros, ni reconocerán corresponsabilidad en ellos.

Capítulo aparte es el de las deudas que acumula el sector oficial, correspondientes a instituciones educativas, de salud, a las mismas alcaldías y otras entidades públicas, que en el departamento superan los $26 mil millones. En este contexto, los mandatarios se muestran dispuestos a concertar acuerdos de pago con Air-e. Decisión coherente que debería concretarse lo antes posible, mientras se buscan vías de entendimiento para disminuir la presión sobre la totalidad de los sectores afectados, donde algunos usuarios que sí pagan, como sucede en el barrio 19 de Marzo, de Luruaco, se quejan, se declaran injustamente tratados porque les suspendieron el servicio, como a los que no están al día.

Esta es una bomba social en alarmante cuenta regresiva para detonar que el Gobierno nacional sigue sin darle la magnitud que amerita. En Atlántico, como en el resto del Caribe colombiano, nos hemos quedado esperando las soluciones estructurales, definitivas, que los Ejecutivos de turno nos han prometido para solventar esta problemática que cada día envejece peor. Estas, como la actualización del IPP, el indexador que afecta varios cargos de la fórmula tarifaria, no solo no terminan de concretarse, sino que además nos engañan, nos meten los dedos a la boca ofertando salidas inanes, apenas pañitos de agua tibia, que no logran aliviar el ardor que nos produce ser tan injustamente tratados. ¡Indolentes!

Lo que ha ocurrido estaba cantado. Sería ingenuo, además de cínico, estimar lo contrario. Era cuestión de tiempo para que, a causa del elevado valor de las tarifas de energía: un 30 % por encima del resto del país debido a los muchos cargos que nos suman -que si las pérdidas, que si la opción tarifaria- los usuarios dejaran de pagar; la comercializadora –en este caso, Air-e, amparada en herramientas de ley, ordenara la suspensión del servicio por bajo recaudo a usuarios, y que estos desesperados e inconformes acudieran a las vías de hecho para demandar soluciones. ¿Así o más obvio?

Siempre habrá inconscientes, pero si la gente no paga la factura de energía no es porque no quiere, es porque no puede, carajo no tiene cómo. Necesitamos tarifas justas, equitativas, consensuadas con todos los actores de la cadena energética, con una Creg resolutiva, con un Gobierno que lidere y sea eficaz, además de ejecutor de soluciones. No nos mamen más gallo, dejen de malgastar el tiempo en medidas inútiles que nos ofenden.

¡Si esta crisis social empeora, en el Caribe tenemos claro a quiénes exigir responsabilidades!