Barranquilla fortalecerá a partir del 1 de enero de 2024 sus instituciones para enfrentar la criminalidad, de lejos su principal talón de Aquiles. El anuncio del alcalde electo Alex Char de convertir la actual Oficina de Seguridad y Convivencia en una secretaría y de crear una Alta Consejería para la Seguridad, a la que se integrará un equipo especializado en delitos de alto impacto de exoficiales de la Policía, marca los nuevos derroteros de la que debe ser una lucha diaria, con todos los recursos disponibles, que requerirá, antes que nada, de políticas públicas.
También será imprescindible contar con una estrategia en la que se establezcan metas claras y específicas a materializarse en plazos señalados, al igual que mecanismos para desarrollar una elevada capacidad operativa que sepa responder a las necesidades de ciudadanos que reclaman soluciones directas para enfrentar con determinación el indiscriminado accionar violento de la delincuencia común y de estructuras del crimen organizado que hacen presencia entre nosotros.
Concentrar esfuerzos para orientar y definir las acciones a implementar es un buen punto de partida, pero se requerirán, adicionalmente, de grandes dosis de innovación para no caer en las mismas propuestas o lugares comunes que, a decir verdad, no han frenado la ocurrencia de delitos, como extorsiones, homicidios y hurtos en la calle, que se han disparado especialmente desde el final de la pandemia. Este es un escenario conflictivo que deja en lo corrido de 2023, más de 10 mil 200 robos, la mitad de ellos con armas de fuego, y unos 360 homicidios que han erosionado la sana convivencia de los habitantes de la Arenosa que ahora viven en alerta máxima.
Con buen criterio el alcalde electo anticipa trabajo articulado con el futuro gobernador Eduardo Verano, para invertir recursos del Distrito y del departamento en temas de “infraestructura, inteligencia, motocicletas, vehículos, cámaras, dispositivos” y otros elementos que resultan indispensables para hacer de Barranquilla y los municipios del área metropolitana, estrechamente relacionados, territorios seguros. Este es un punto central, porque de poco o nada sirve construir una estrategia bien sustentada si no se cuenta con los medios suficientes para financiarla o no existe un manejo adecuado en la disposición de los fondos que se requieran.
El liderazgo que ejerza la cabeza visible, en este caso el designado secretario, el abogado Yesid Turbay, marcará la diferencia a la hora de saber relacionarse con otras dependencias locales, departamentales y nacionales, llámese Policía, Ejército, Inpec, Fiscalía y los ministerios de Defensa y Justicia, entre otras, para ajustar el aparato de seguridad con el de justicia y, cómo no, prevenir los consabidos cortocircuitos por asuntos de competencias o autonomías. La clave es que los equipos puedan acompañarse en el propósito común de resolver los vacíos operativos, judiciales o los déficits en materia de tecnología e inteligencia que existen en estas instituciones.
Pese a que organismos judiciales y fuerzas de seguridad demuestran a diario su experiencia en la lucha contra la criminalidad, preocupan los niveles de des- confianza con los que la comunidad los percibe, en especial a la Policía, la más cercana a la gente. Si no se recupera esta sintonía será realmente difícil que la información fluya, lo que dificultará labores de inteligencia o recopilación de evidencias judiciales. Será un reto para la nueva Alta Consejería, en la que trabajarán exoficiales de la institución con especialidades diferenciadas, los generales Julio González y Mariano Botero y el coronel Thair Rivera, elevar su estimación o respeto. Tarea de doble vía en la que tanto Char y Verano, así como su director, el general William Salamanca, tienen un desafío.
Vincular a las comunidades de los barrios de Barranquilla para prevenir su victimización y revictimización es una necesidad imperativa, también lo es sumar las capacidades del sector privado y la academia. Sin duda, tendrán mucho que aportar para desatar el nudo gordiano en el que la seguridad ciudadana o urbana se le ha convertido al Gobierno nacional que insiste de manera errónea en someter sumisamente a alcaldes y gobernadores a sus políticas generalizadas, sin entender que son los liderazgos locales, con sus realidades propias y necesidades particulares los que deben actuar con su respaldo e impulso, eso sí, para superar sus crisis.
