Tomar decisiones no es fácil. En particular, cuando causan gran impacto. Sucede, casi siempre en el sector público, cuando se involucra al bolsillo de la gente. Así que lo menos que se podría esperar bajo esas circunstancias es que se sustenten en análisis profundos, estudios técnicos y la experiencia de profesionales altamente competentes. No parece ser el caso que nos ocupa. Tras seis meses de vigencia, el ministro de Transporte, William Camargo, anuncia que se levantará la congelación de los peajes, porque mantenerlo resulta insostenible para las finanzas del Estado. Lógico. Medida que había adoptado su antecesor, Guillermo Reyes, en enero de este año para mitigar el galopante aumento de la inflación en los productos de la canasta familiar.

Eso se nos dijo. Lo que olvidaron contarnos en ese entonces es que sería temporal. De modo que antes de finalizar el año, seguramente en el último trimestre, se actualizará el esquema tarifario de los peajes, tanto los de Invías como los de la ANI, para subsanar el déficit que se abrió en el presupuesto de la Nación y que, según lo revelado, sería superior a los $800 mil millones. Casi nada. El monto del alza que definen las carteras de Transporte y Hacienda aún no se conoce ni tampoco la fecha en que entraría a regir, pero en la medida en que se dilate la decisión –volvemos a la importancia de que se tomen de manera oportuna y acertada– el costo sería más elevado. Lo peor o más lesivo para los usuarios de las vías sería que se postergara a 2024, porque habría que pagar de un solo tacazo el acumulado de dos años de IPC (Índice de Precios al Consumidor).

La cuestión es simple. En un contexto de desaceleración de la economía debido al debilitamiento de la demanda interna, con caídas sucesivas del gasto y aumentos en el valor de alimentos, tarifas de servicios públicos y otros rubros e insumos, el aumento de los peajes, que no se esperaba a decir verdad, caerá como baldado de agua fría. Uno más. Como señalábamos hace unos días en EL HERALDO, por ejemplo, los barranquilleros hoy gastan más, pero la plata les rinde menos, en parte –como ocurre en el resto del país– presionados por la subida escalonada de la gasolina para cerrar otro déficit, el del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Ni hablar de la difícil situación de los pequeños negocios o de sectores del comercio o la industria.

Sea como fuere, el ministro Camargo pone la cara. Reconoce que el Gobierno dará reversa a la decisión al estimar que cumplió su objetivo. Sí, pero no, ministro, y lo sabe. Hace lo correcto, pero su afirmación no es del todo cierta porque una vez se produzca el reajuste tendrá su efecto en el costo del flete de transporte y en el de los pasajes. Lo comido saldrá por lo servido y eso será inevitable, más temprano que tarde. Tendremos que tragarnos ese sapo, como tantos otros, mientras el Gobierno asume que el bolsillo de los colombianos es infinito. Pues no es así.

Se demostró, como se dijo en aquel momento, que no había cómo responderle a los concesionarios que con plata del sector privado, bancos y fondos de inversión han construido la infraestructura vial en el país y que, de acuerdo con lo estipulado en sus contratos con el Estado, recuperan su inversión mediante el cobro de peajes. Si el Gobierno lo sabía, ¿por qué no se anticipó a las consecuencias de su decisión? Es más, ¿hubo o no un plan de contingencia robusto para asegurar el equilibrio económico de los contratos, muchos de los cuales por ser de iniciativa privada no podían recibir recursos públicos, con lo que eran inminentes las demandas? Cambiar normas o modificar reglas de juego solo desencadena inestabilidad e incertidumbre jurídica, escena- rio de riesgo para inversiones futuras que el Ejecutivo debería evitar a toda costa, sobre todo cuando espera estructurar proyectos 5G por $50 billones en el corto plazo.

Demasiados frentes abiertos demandan la atención del Ministerio de Transporte. Solo en nuestro entorno están los peajes en Autopistas del Caribe y el de la Vía al Mar o el aeropuerto Cortissoz. Que la improvisación e intereses oportunistas no den al traste con el desarrollo de iniciativas clave de infraestructura. La lista es larga y se necesitan, invariablemente. No existen fórmulas infalibles a la hora de adoptar decisiones. Corresponde a sus tomadores ser responsables para precaver que la realidad sesgada en ocasiones a favor de ciertos asuntos o por desconocimiento de sus efectos colaterales origine un problema más grande que el que se pretendía solventar.