La Alerta Temprana Estructural 022 de 2023 emitida por la Defensoría del Pueblo, en la que advierte graves riesgos de violaciones a los derechos humanos de habitantes de Barranquilla y su área metropolitana, confirma el incesante goteo de noticias que EL HERALDO publica a diario, dando cuenta del alcance de la criminalidad. La principal conclusión de esta radiografía, la más actualizada que existe sobre una escalada violenta que aún no conoce techo, indica que las constantes disputas o enfrentamientos entre estructuras delincuenciales, de crimen organizado y de carácter transnacional, por el control territorial, manejo de economías ilícitas o conflictos por tierras ha dejado expuestos a los residentes de las cinco localidades de la ciudad y de barrios de los municipios de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, a las más espantosas expresiones de la ilegalidad: masacres, asesinatos selectivos, amenazas y extorsiones. Casi nada.
Sin dejarse arrastrar por el catastrofismo, porque ese no es el sentido, sí tendría que ser motivo de preocupación o, al menos, de genuino interés, el panorama que dibuja el documento elaborado por un equipo especializado de la Defensoría, de forma exhaustiva. Su naturaleza preventiva busca del Gobierno nacional y del resto de la institucionalidad estatal una respuesta con enfoque protector que, considerando la extensión y profundización de riesgos, amenazas y peligros –desde la última advertencia formulada en 2020–, no debería dilatarse bajo ninguna circunstancia. Primero, porque la situación a día de hoy, como reconoce el defensor Carlos Camargo, es ya insostenible y, sobre todo, porque nada indica que se revertirá o que las nuevas alarmas no terminarán consumándose, como pasó antes. Por tanto, quedarse de brazos cruzados aparece como la peor opción. Nadie debería caer en la perversa tentación del inmovilismo.
No son pocos los elementos que en el diagnóstico causan estupor y convocan a una acuciante acción conjunta o coordinada entre los ámbitos nacional y local. En realidad, lo que más sacude al sentido común es comprobar cómo, pese a las recomendaciones para conjurar riesgos consignadas en alertas anteriores, poco o nada se ejecutó. De manera que eventos violentos que se habían anticipado desde hace años, como masacres, casos de sicariatos y extorsiones, han ocurrido, como si se tratara de una profecía autocumplida. Causa y consecuencia de la expansión de grupos criminales de distinta jerarquía. Algunos bastante conocidos, como el Clan del Golfo; otros reconfigurados, como Los Nuevos Rastrojos y el Nuevo Bloque Costeño; no faltan los de siempre: Los Papalópez y Los Vega, y entre los más recientes aparecen Los Pepes. A este tenebroso entramado, según la Defensoría, toca sumarle también el Tren de Aragua y los carteles de Sinaloa y los Balcanes. Y estos son los más representativos porque detrás hay muchos más.
Somos como una torre de Babel en la que demasiados buscan espacio para sus actividades ilícitas: narcotráfico, extorsiones o trata de personas. Lo hacen, a la vista de todos, mediante la imposición de mecanismos violentos de control social y territorial en barrios. Como telón de fondo, ajuste de cuentas, homicidios selectivos, masacres, castigos atroces como desmembramientos, violencias de género, fronteras invisibles, límites urbanos, agresiones contra líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos, el gota a gota. El catálogo de la barbarie es tan extenso como su sed de poder. Atraídos por la privilegiada posición geográfica de Barranquilla, que es un corredor estratégico que lo facilita casi todo, con una amplia oferta de bienes y servicios, ideal para el lavado de activos, la criminalidad se sostiene en la compleja vulnerabilidad socioeconómica que sacrifica, en especial a niños, jóvenes, mujeres pobres y población migrante. Caldo de cultivo para la demagogia de la violencia. Esto tiene que parar: en el primer trimestre mataron a 201 personas, un 43 % más que en el mismo periodo de 2021. Lo de Soledad y Malambo es alarmante. Indigna saber que en las zonas desbordadas por los rigores de la violencia y la conflictividad social, la gente sobrevive de milagro. ¿Hasta cuándo?
La seguridad no puede seguir siendo el talón de Aquiles de Barranquilla y su área metropolitana, donde medidas de tipo policivo y militarista no resolverán por sí solas su permacrisis. Tampoco las que promueven justicia con mano propia. Acciones efectistas de corto plazo, para colgarse una medalla, mucho menos. Son más bien otro modo de ineficiencia institucional, como la negación o el desconocimiento de la realidad. Esta alerta ofrece una oportunidad para actuar con racionalidad. No la dejemos pasar: la vida de quién sabe cuántas personas depende de ello.
