La polémica se concentró especialmente en el caso de Vera Grabe, jefe de la delegación del Gobierno en las conversaciones con el ELN, quien firmó un contrato por $175 millones pese a que dichos diálogos están suspendidos.
Colombia no puede resignarse a que la ilegalidad sea la norma. La seguridad no es de derecha, centro o izquierda: es la base del progreso, la inversión, la democracia y una paz duradera.
La tesis de generosidad con los delincuentes del actual gobierno no solo nos regreso al asesinato político, sino que ahora volvemos a los carros bombas. El fracaso en seguridad es total.
La presencia de estos grupos armados en la zona ha aumentado el riesgo de desplazamientos masivos, confinamientos y “afectaciones directas a comunidades indígenas, campesinas y urbanas”.
Se trataría de una propuesta que permitiría que cabecillas de grupos armados, que no cuentan con estatus político, obtengan, en algunos casos, libertad condicional.