La desavenencia entre la Alcaldía de Barranquilla con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por su incumplimiento en el contrato de compraventa de un porcentaje de acciones de Triple A escaló a un nuevo nivel. Era de esperarse. Claramente, los hechos han empezado a revelar una inquietante forma de actuar por parte de la entidad nacional que suscita dudas acerca del carácter de sus intenciones.

Tras su más reciente jugada, escenificada en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de este martes cuando se produjo el cambio de todos los miembros de la junta directiva, el alcalde Jaime Pumarejo elevó el tono de sus reclamos, acusándola de “apropiarse irregularmente” de la empresa de servicios públicos. También confirmó acciones legales para denunciar sus actos y hacer valer los derechos contractuales del Distrito y de sus empresas. Entre ellas, la exigencia de una cláusula penal fijada en $59 mil millones por incumplimiento. De prosperar, el frente legal que se abre anticipa una disputa amarga, pero de ninguna manera Barranquilla puede tolerar arbitrariedades ni presiones con intereses ocultos.

Ni antes ni ahora tras la llegada del actual Gobierno, la SAE debe arrogarse atribuciones excesivas respecto a Triple A. No es su papel ni lo que le corresponde. Es de todos sabido que desde octubre de 2018 asumió su control directivo como consecuencia del embargo y secuestro con fines de extinción de dominio de las acciones de propiedad de Inassa, luego de los millonarios despojos que sufrió por sus corruptos directivos durante más de 17 años. Sin embargo, la empresa de servicios públicos, estimada como un activo estratégico de Barranquilla, debe ser recuperada por la ciudad y controlada por el Distrito porque es de todos sus habitantes. Es lo más justo.

Ejercer la defensa de Triple A nos compete a los barranquilleros, también a los atlanticenses, que debemos arroparla para evitar que su manejo termine ideologizado o instrumentalizado al vaivén de mezquindades políticas, además en pleno año electoral. No se trata de pensar mal intentando acertar, sino de identificar a esta altura del partido una serie de señales que desconciertan. Desde un punto de vista razonable no resulta coherente saber que la SAE ni siquiera atiende comunicaciones telefónicas o escritas de la Alcaldía que intenta dar respuesta a sus muchas inquietudes sobre la idoneidad del proceso de adquisición de acciones.

No es de extrañar que este distanciamiento termine ahora en una crisis de consecuencias potencialmente devastadoras debido a un posible detrimento al Estado por el incumplimiento de la SAE del acuerdo suscrito con la empresa de economía mixta Kyena, en la que el Distrito tiene participación mayoritaria. A pesar de haber recibido $ 300 mil millones de la venta directa pactada con la SAE, que equivale al 50% del pago de las acciones, estas no se entregaron en la fecha pactada: antes del 30 de diciembre, y apenas en enero de este año, la Superintendencia de Servicios Públicos sugirió una “suspensión temporal del contrato”.

Bajo el actual contexto en el que las partes han dado margen de actuación a los entes de control, tras los señalamientos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Triple A renovó su junta directiva. Curiosamente, esta elección que la Procuraduría General había solicitado se aplazara hasta que se produjera la entrega de información solicitada a la SAE y a la Superservicios sobre el caso, se decantó a favor de la plancha propuesta por la entidad, dejando en evidencia una toma forzosa de la compañía por parte de la sociedad de activos que en su línea desconoció compromisos contractuales. Ocurre, por cierto, el mismo día en que el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, aclara que no tiene facultades para dar un concepto sobre si la SAE debe o no cumplir con la obligación contraída en el contrato firmado y en ejecución con la empresa Kyena. Eso sí, anuncia la apertura de una indagación preliminar para determinar si hubo o no detrimento patrimonial en la valoración de la empresa.

Demasiadas gotas que derramaron la copa. Si la SAE busca realmente asegurar la estabilidad de Triple A en beneficio de los usuarios tiene una salida salomónica: entregar al Distrito su manejo sin ninguna contraprestación económica. Es un momento de decisiones cruciales en el que debe prevalecer el interés común y eso es lo que representamos los barranquilleros hoy cerrando filas en torno a Triple A y la ciudad.