El reasentamiento definitivo de centenares de familias damnificadas por la ola invernal en Barranquilla y municipios del Atlántico empieza a tomar forma. Es lo justo. Cuanto antes tienen que darse pasos concretos para dar respuesta a esta crisis monumental que ha resquebrajado el tejido social de sectores del departamento. Demasiadas familias, más de 10 mil de acuerdo con las estimaciones iniciales de los censos, se han visto afectadas por los impactos de las lluvias, inundaciones o movimientos de remoción en masa de las últimas semanas. Muchas de ellas, luego de haberlo perdido absolutamente todo, no tienen opción distinta que empezar de cero en un nuevo hogar. Otras, irremediablemente, tendrán que abandonar sus viviendas debido a que se encuentran en zonas de riesgo no mitigable. Si se quedan, se exponen a potenciales amenazas, de modo que el cambio de residencia es inevitable. Nadie debería equivocarse ante la posibilidad de una inminente tragedia: ¡lo primero es la vida!

No se puede perder ni un minuto. Difícil encontrar una coyuntura más propicia que esta para que los sectores público y privado del Atlántico muestren músculo consensuando salidas viables en beneficio de quienes demandan espacios dignos y, principalmente, seguros. Horas antes de que el presidente Gustavo Petro recorriera zonas de Piojó, reducidas a escombros tras el colapso de más de un centenar de casas e insistiera en priorizar la reubicación de los damnificados, en Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo ya había visitado con la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, dos lotes en Caribe Verde y Juan Mina para ponerlos a su disposición. Solo en la ciudad, cerca de dos mil familias aparecen como afectadas en los registros oficiales. Casi todas en los barrios de Nueva Colombia y la Luz, donde cientos de casas se desplomaron. Surgen interrogantes sobre posibles cambios en el uso del suelo, su proceso de urbanización o la definición de requisitos para beneficiarios, que necesitarán inmediata concertación institucional.

Por fortuna, y a diferencia de lo que sucede en otras regiones, la articulación entre Distrito y Gobernación con los empresarios del departamento acumula grandes lecciones que valdría la pena usar como insumos para encarar la actual crisis. Reasentar a miles de hogares en la ciudad y en los municipios no solo demandará cuantiosos fondos de la Nación y las administraciones públicas, también harán falta el conocimiento, la experiencia y, por supuesto, la solidaridad de los privados. Para mañana es tarde. Camacol Atlántico estima que se podrían edificar unas dos mil viviendas a costo directo, mientras que Tecnoglass confirma que donará ventanas y la Sociedad Colombiana de Arquitectos diseña una hoja de ruta para asesorar la reubicación en sitios seguros bajo las normas del POT. Claramente, esta es una red lo bastante amplia como para que el Gobierno Petro, sin dudarlo y previo a sus propios análisis técnicos, financieros y ambientales, proceda a dar luz verde a la asignación de recursos para arrancar cuanto antes.

Atlántico enfrenta, como el resto del país, el peor invierno de los últimos 40 años. Esta crisis fortísima en términos de su alarmante impacto, también puede ser una oportunidad imperdible para ordenarnos alrededor del agua, pero es necesario hacerla posible y, sobre todo, a la mayor brevedad. Miles de hogares han perdido el norte e incluso, un número importante de ellos aún espera la asistencia humanitaria de emergencia prometida por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Le corresponde al nivel central acelerar su gestión para actuar con más efectividad y prontitud, como le reclamaba la procuradora General, Margarita Cabello. Llamado al que se suman los afectados. En consecuencia, se debe trabajar rápido en muchos frentes a la vez, priorizando sin duda la atención de los damnificados, pero con la mirada puesta en la reconstrucción.