Hace poco más de un mes, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) entregaron 510 nuevos cupos en el centro de reclusión de mediana seguridad El Bosque de Barranquilla (EPMSC). A día de hoy ninguna persona privada de la libertad ha sido trasladada hasta ese lugar. Tampoco, a las cárceles Rodrigo de Bastidas, de Santa Marta, y La Ternera, de Cartagena, donde el 4 de abril de este año y el 22 de diciembre de 2021 las mismas entidades inauguraron pabellones con igual número de cupos que en la capital del Atlántico, en cada uno de los casos. Si todo estaba listo, aparentemente, ¿por qué estos más de 1.500 cupos que contribuirían a reducir significativamente el hacinamiento o la superpoblación carcelaria en la región Caribe, que a enero de 2022 era de casi 24 %, siguen sin ser habilitados?

La respuesta es bastante más sencilla de lo que pudiéramos imaginar. La entrega se hizo solo para la foto que de manera protocolaria se tomaron los protagonistas de ese momento. En otras palabras, para dar lustre a las cabezas de las entidades convocantes: minjusticia, Inpec y Uspec, todos bastante sonrientes a juzgar por las fotografías e imágenes divulgadas por los medios de comunicación que nos creímos el cuento de que los nuevos pabellones iban a resolver, lo antes posible, la flagrante violación de los derechos fundamentales que afronta la población reclusa colombiana. Pues no, hasta el momento no ha sido así. Nadie se ha beneficiado aún de estos espacios y lo que es todavía peor, no existe claridad sobre la fecha en la que se autorizarán los primeros traslados a las cárceles donde se construyeron las obras, por más de $75 mil millones, debido a que no están dadas las condiciones para albergar a los internos.

En su defensa, la Uspec puede argumentar que las edificaciones, lo más elaborado del proyecto, están terminadas. No le falta razón, aunque en el caso del centro penitenciario de Barranquilla todavía quedaron pendientes garitas, cerramientos e instalaciones para la guardia. Lo que realmente impide que entren en funcionamiento los cupos carcelarios en las tres ciudades, ofreciendo las mínimas garantías requeridas para ocupar estos espacios, en especial en materia de vigilancia y control, es que no se cuenta con los equipos electrónicos para brindar seguridad. Tampoco se tiene lo necesario para la dotación de las celdas. Vale decir que las entregas de los pabellones se cumplieron sin que los procesos de contratación para adquirir los elementos solicitados estuvieran concluidos. Es más, según reconoció la propia Uspec a EL HERALDO, algunos elementos no están disponibles porque al ser importados y, debido a la crisis global de logística que ha ralentizado las entregas de productos, no ha sido factible recibirlos a tiempo. A eso se le añade que apenas se avanza en las obras físicas que aún faltan, según lo previsto en el cronograma.

Entonces, ¿para qué inaugurar unos cascarones que no iban cumplir su propósito esencial de solventar cuanto antes la precaria situación de la población reclusa, a la que se le niegan posibilidades de rehabilitación y resocialización? ¿O es que les corría prisa para colgarse una medalla por cumplir con su deber de ejecutar metas comprometidas antes del fin del actual Gobierno? Todo este lamentable episodio, en sus distintas entregas –además calcadas– en Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, deja un mal sabor. Por un lado, porque el hacinamiento carcelario es una muestra del fracaso de la política criminal del Estado, incapaz de tratar y prevenir de manera eficaz el delito. Frustración irresoluble que pesa sobre nuestra sociedad, a la que se le suma también el populismo punitivo y la crisis de la justicia penal con los que se intenta en vano encarar los crecientes problemas de seguridad enviando a todo el mundo a la cárcel. ¡Ni que existieran suficientes!

Por otro, porque con inauguraciones que se quedan en un simple corte de cinta se envían mensajes equivocados que llenan de falsas expectativas a los reclusos y a sus desesperadas familias. Estas actuaciones de quienes integran el sistema penitenciario merecen ser revisadas. De no hacerlo, la desconfianza y animosidad hacia la justicia en general irán ganando terreno.