Las víctimas de las extintas Farc, en particular sus miles de secuestrados, tienen hoy razones de sobra para sentirse desconcertados, pero sobre todo dolidos. La conmemoración de los 11 años de la muerte de Jorge Briceño Suárez, el ‘Mono Jojoy’, en la sede política del partido Comunes en Bogotá, en la que se exaltó su memoria, reconociéndolo como un luchador por la paz con justicia social que “odiaba la explotación” y daba “ejemplo de fraternidad”, como lo expresaron públicamente exjefes de la guerrilla y sus familiares, resulta chocante para quienes sufrieron en carne propia la barbarie del conflicto en los ‘campos de concentración’ emplazados en las selvas del suroriente del país. Casi sepultados en vida bajo la espesura de la manigua, los carceleros del Bloque Oriental, al mando del homenajeado, les arrebataron –durante años de infame secuestro– su derecho sagrado e imprescriptible a la libertad, mientras eran sometidos a tratos crueles y denigrantes, día tras día.

En aras de la verdad, no es la primera vez que las Farc realiza un acto de este tipo para evocar a sus exlíderes muertos en operaciones militares. En su fuero interno, los organizadores de estos homenajes estiman que es lo correcto. Un asunto difícilmente comprensible, en primera instancia, para las víctimas, y para quienes guardan estricto apego a la justicia, porque se trata de enaltecer a un individuo considerado un terrorista sobre el que pesaban más de 60 órdenes de captura por gravísimos delitos. Uno de ellos, el secuestro, práctica abominable a la que apeló la guerrilla para financiarse, forzar los mal llamados ‘intercambios humanitarios’ o ejercer control social en la población civil. Las privaciones graves de la libertad y toma de rehenes, documentadas por la JEP a través de la identificación de 21.396 víctimas, fueron reconocidas por el tribunal como crímenes de lesa humanidad y de guerra. Por tanto, no conviene engañarse frente a lo que es un atentado a la vida, integridad y bienestar de un ser humano y su familia.

Si bien es cierto que estas conmemoraciones no allanan la búsqueda de la reconciliación a la que se comprometieron las Farc tras el acuerdo de paz que permitió su desmovilización, no existe en el país normativa alguna que las impidan. Eso sí, el partido Comunes y sus integrantes tendrán que asumir las consecuencias políticas de su falta de autocrítica frente a la responsabilidad atribuida al ‘Mono Jojoy’ en los atroces hechos de la guerra que libró contra el Estado durante décadas. Lo que nadie debería tolerar, de ninguna manera, es la lamentable revictimización de los secuestrados que en el marco de este homenaje hizo la senadora Sandra Ramírez. Que hable de comodidades en las ‘cárceles’ de las Farc a quienes estuvieron años amarrados a un árbol, encadenados al cuello o comiendo en el mismo recipiente en el que hacían sus necesidades físicas, y sobre todo privados de sus derechos más elementales, no deja de ser un exabrupto. Un doloroso sarcasmo que las víctimas sufren de forma injusta.

Este no es el mensaje que esperan los colombianos de las Farc ni mucho menos el que sus víctimas necesitan para perdonar y sanar las heridas, ahora reabiertas después de la salida en falso de la parlamentaria. La indignación general llevó a la congresista a recular, pidiendo perdón a las víctimas por sus “desafortunadas declaraciones". Un gesto absolutamente imprescindible que no logró atenuar del todo el dolor de estas personas ni las dudas de sectores de la sociedad alrededor de la real voluntad de las Farc para hablar con verdad, mostrar arrepentimiento y ofrecer garantías de no repetición. Las desatinadas palabras de Ramírez, interpretadas como una bofetada a las víctimas, e incluso la defensa de los excombatientes a la figura del ‘Mono Jojoy’, proporcionaron nuevos insumos a quienes siempre han considerado que las Farc mienten y que el Acuerdo de Paz es una farsa. Las piedras que lanzaron a su propio tejado son un duro golpe a la causa política que Comunes dice representar. Y como si fuera poco, este episodio los deja muy mal parados de cara a la imputación abierta en la JEP contra ocho excomandantes como responsables de toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad. La paz no se construye defendiendo lo indefendible, sino asumiendo los errores. Reivindicar la violencia nunca será el camino.