La desaparición de Sara Sofía Galván Cuesta, de 2 años, sigue sin resolverse dos meses después de que su tía Xiomara, quien tenía su custodia, advirtiera que su hermana Carolina no le daba razón de la ubicación de la niña. Este doloroso caso que ha mantenido en vilo a Colombia entera por la truculencia alrededor de repudiables hechos que involucrarían a la propia madre de la pequeña y a su pareja sentimental en su fallecimiento o en una posible venta ha puesto al descubierto, una vez más, la indefensión absoluta de los menores de edad en el país, cuyos derechos prevalentes se quedan en ‘papel mojado’ a la hora de garantizarlos.
Mientras continúa la búsqueda de Sara Sofía en las aguas del río Tunjuelo, en Bogotá, donde los contradictorios testimonios de su madre y padrastro indican que fue arrojada tras su muerte, familiares de otros menores han visibilizado sus propias tragedias. Jonnier Alexis Espejo Rubio es un chiquillo de 5 años del que no se sabe nada desde hace 8 meses cuando fue a hacer un mandado cerca a su casa en la vereda La Maná, municipio de Solano, en Caquetá. La historia de su corta vida, como la de Sara Sofía, está repleta de agresiones físicas, maltratos sicológicos y una inexplicable desaparición al lado de un río donde lo buscaron sin éxito. Su padrastro, principal sospechoso, lo habría asesinado para desaparecer al único testigo de los abusos sexuales a los que sometía a la hermanita del niño.
Si no fuera por la atención mediática, casos como los de Sara Sofía o Jonnier Alexis aún estuvieran engavetados en los anaqueles de una estación de policía, comisaría de familia, sede de Bienestar Familiar o de la Fiscalía, en Bogotá o Caquetá. La prueba de esta colosal indolencia de un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos más vulnerables la ofrecen las tías de estos niños que movieron ‘cielo y tierra’ para denunciar su desaparición, pero solo cuando decidieron hacer pública su historia en los medios de comunicación lograron la atención de las autoridades.
Tristemente ninguno ha aparecido, pero al menos se expuso la paquidérmica e insensible gestión de las instituciones dedicadas a velar por la defensa de los derechos de los menores que no muestran mayor interés a la hora de investigar, rastrear y ocuparse de desapariciones de este tipo, a pesar de que existe un “Protocolo de Alerta urgente para la búsqueda, localización y recuperación de niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos”, destinado a articular la respuesta de las entidades oficiales.
Estremece saber que 6.339 menores de edad desaparecieron en los últimos tres años en Colombia, según Medicina Legal. Cerca del 1% de ellos apareció muerto y un 50% sigue aún en paradero desconocido. Una verdadera tragedia de la que poco se habla y que crece año tras año con nuevas víctimas y familias que sufren la ausencia de sus seres queridos, así como la vergonzosa impunidad alrededor de sus casos. Nadie tiene que esperar 24 o 72 horas para reportar la desaparición de una persona, mucho menos si se trata de un menor de edad. Cada minuto que pasa es valioso para iniciar una búsqueda que las autoridades deben asumir como prioritaria de acuerdo con los protocolos establecidos. Toda denuncia debe ser valorada por las entidades correspondientes con absoluta celeridad analizando el entorno familiar para determinar decisiones asociadas a maltrato infantil, violencia intrafamiliar o abusos sexuales que empujan a niños y adolescentes a huir de hogares hostiles y conflictivos. En todos los casos debe asegurarse el restablecimiento de la ruta de derechos de los menores.
Aunque personas cuestionen la movilización de importantes recursos para ubicar a niños y adolescentes desaparecidos, es incalculable el costo emocional asumido por las familias que esperan saber lo ocurrido con su ser querido. El Estado colombiano tiene el deber de facilitar los mecanismos para interponer denuncias sobre desaparición de menores de edad con el propósito de agilizar su búsqueda a través de sistemas robustos y eficaces que favorezcan la investigación bajo criterios de colaboración entre todos los organismos involucrados.
La desidia institucional advertida en los casos de Sara Sofía y Jonnier Alexis, solo por mencionar estos dos, alerta sobre la urgencia de rediseñar estas hojas de ruta frente a las que quedan enormes dudas. La búsqueda de los menores no es solo labor de las entidades del Estado, tiene que convertirse en un compromiso de todos los ciudadanos en defensa de los niños.
