Acceder a servicios de salud de calidad y oportunos es un derecho fundamental de todo ser humano, pero lamentablemente para la mayoría de colombianos, por distintas razones, resulta un privilegio inalcanzable. Esta iniquidad debe ser erradicada. No solo porque se trata de un derecho inalieanable, sino porque la ley, la 1751, protege al ciudadano para que a nadie se le niegue atención ni impongan demoras o trabas, o mucho menos esgriman razones de tipo económico para no prestarle servicios sanitarios.

Sin embargo, ¿qué pasa cuando las personas no cuentan con una red de salud disponible y cercana que les permitan obtener servicios de salud, recibir un diagnóstico a tiempo, un tratamiento adecuado, garantías para su recuperación, rehabilitación o cuidados paliativos si los requieren? Superar esta discriminación indigna es obligación del Estado y sus gobernantes.

Adicionalmente, las zonas dispersas, como las rurales, exigen una atención especial para ofrecer a quienes residen en ellas no solo una afiliación, sino el goce del grado máximo de estos servicios, como promueve la OMS. La salud en los territorios es un lujo.

Más allá de los desafíos impuestos por la pandemia que condujeron a ampliar la capacidad instalada del sistema sanitario y a fortalecer los recursos para procesar y diagnosticar pruebas, todo en tiempo récord, Atlántico y Barranquilla trabajan para cumplir sus metas en salud comprometiendo más recursos para expandir los servicios de su red pública mediante planes de modernización de la infraestructura hospitalaria. Una tarea inaplazable.

$135 mil millones invertirá la Gobernación para intervenir y dotar 16 hospitales y 45 puestos de salud en beneficio de 1.247.250 habitantes del departamento, especialmente de sus áreas rurales. Una revolución en salud que generará más de 11 mil empleos directos e indirectos en los próximos años. Entre los nuevos hospitales, el Juan Domínguez Romero que atenderá la creciente demanda de pacientes en Soledad. En hospitales de otros municipios, como el de Ponedera y Repelón, se habilitarán servicios adicionales; y los de Puerto Colombia, Manatí, Candelaria y Juan de Acosta recibirán nueva dotación.

Más de $25 mil millones se destinarán para construir 23 nuevos puestos de salud en Palmar de Varela, Baranoa, Malambo, Piojó y Sabanalarga. Además, se mejorarán los centros de salud de Santa Lucía, Usiacurí y Tubará, entre otros. La estrategia, liderada por la gobernadora Elsa Noguera y la secretaria de Salud, Alma Solano, contempla todos los municipios del departamento valorando las necesidades de cada territorio.

En la capital del Atlántico, los caminos Nuevo Barranquilla y Nazareth tendrán capacidad para ofrecer servicios a 130 mil ciudadanos. Su modernización estará lista en 2021, y en octubre empezará a funcionar el nuevo PASO Galán para otras 40 mil personas. Una inversión de más de $110 mil millones para robustecer la red pública distrital que contará ahora con 11 hospitales y 31 puntos de atención en salud oportuna, focalizados en salud preventiva y atención por especialidades para los 600 mil usuarios del régimen subsidiado y pacientes remitidos de otras zonas del departamento y la Costa debido a que la ciudad es un centro de referencia en atención en salud de alcance regional.

Nada más esencial que la salud, que también es justicia y dignidad. Todo es importante y debe ser tenido en cuenta para cambiar paradigmas y garantizar mejor calidad de vida a las personas: desde una infraestructura hospitalaria bien dotada y en condiciones óptimas hasta la prestación de servicios modernos eliminando barreras o formas de discriminación para los pacientes, pasando por condiciones laborales justas y respetuosas que reconozcan el valor de los profesionales sanitarios. Es cuestión de humanidad.

PD: Por primera vez, Barranquilla y Atlántico registran cero muertes por Covid-19. Que nadie baje la guardia, el virus no se ha ido, y la amenaza de una segunda ola sigue siendo real.