Con la renuncia del superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza Daza, quien estará en el cargo hasta el 31 de diciembre, el futuro de la prestación del servicio de energía en la Costa se torna aún más incierto, ya que el funcionario lideró la intervención de Electricaribe y estaba al frente del proceso para conseguir un nuevo operador.
La renuncia de Mendoza, quien argumentó “motivos personales” para tomar esta determinación, tomó por sorpresa a los mandatarios de la Región, lo mismo que a la bancada costeña en el Congreso, al considerarla “intempestiva” y perjudicial para los intereses de la Costa. Incluso, hay voces que van más allá y no descartan presiones al más alto nivel para la salida del funcionario, lo que el propio superintendente negó en entrevista con este diario.
Aunque los motivos para esta decisión son del resorte personal de Mendoza, el Gobierno tiene ahora la responsabilidad de despejar las dudas en torno a un proceso que no parece tener una solución a la vista, lo que se ve reflejado en la ausencia de ofertas concretas para la llegada de un nuevo operador.
La intervención de Electricaribe, que comenzó en noviembre de 2016, logró la estabilización del servicio y ahuyentó el fantasma de un apagón que habría sumido a la Región en una crisis económica. Sin embargo, aunque la prestación está garantizada para 2018 gracias a los aportes del Estado, la calidad sigue en picada.
Una de las mayores problemáticas de la compañía es que su red de distribución eléctrica está bastante deteriorada, ya que no se realizaron las inversiones requeridas para su renovación y mantenimiento. Por esta razón hay interrupciones del servicio constantemente en los siete departamentos donde opera la empresa y se decidió intervenirla.
Esta situación generó un pulso con la firma española Gas Natural Fenosa, principal accionista de la comercializadora de energía, que dio origen a una controversia con el Estado colombiano ante tribunales internacionales. En ese litigio, la compañía reclama el pago de $3,6 billones.
La escogencia del nuevo operador debía darse este año, pero el plazo parece ampliarse en forma indefinida. Entre los interrogantes que el nuevo superservicios tendrá que aclarar se encuentra el modelo de negocio a seguir, es decir, ¿el servicio estará a cargo de un operador para toda la Región o cada departamento tendrá uno diferente? Otro tema polémico es la posibilidad de que Gas Natural asuma nuevamente el manejo de Electricaribe, lo que desde el Gobierno se empeñan en desmentir, pero no parece estar descartado.
