Al margen de cuál sea el resultado de las investigaciones en España y Colombia por la denominada ‘Operación Lezo’, que involucra a altos directivos de Inassa, compañía con la mayoría accionaria de Triple A, para Barranquilla es fundamental que no se afecte la prestación de un servicio que es modelo nacional, y que le cambió la cara a una ciudad que por décadas padeció por la calidad y el suministro del agua.
El desempeño de Triple A jamás ha estado en tela de juicio. Barranquilla cuenta hoy con una cobertura total y con el agua de mayor calidad del país, entre las capitales, lo que ha mejorado el nivel de vida de 1.2 millones de habitantes.
Por eso la Alcaldía y la Gobernación deben estar vigilantes para que, al tiempo que se toman decisiones judiciales en los dos países, el bien común sea protegido, lo que en este caso significa blindar el servicio de agua, alcantarillado y aseo en Barranquilla y los municipios donde opera la Triple A.
El caso ‘Lezo’, nombre que recibe el escándalo de corrupción en la empresa pública de aguas de Madrid, Canal de Isabel II, dio origen a la captura del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y de otras 11 personas en ese país. En Colombia, el proceso no tiene imputados todavía.
Sin embargo, la Fiscalía espera que la cooperación judicial con España, en el marco de una operación local denominada ‘Acordeón’, permita establecer si hay políticos locales o funcionarios públicos implicados en este escándalo de corrupción transnacional.
Inassa, empresa de Canal de Isabel II, maneja el 82.16% de la Triple A, además de tener participación en sociedades de Panamá, Ecuador, Haití, República Dominicana y Brasil. La forma en que tomó el control de muchas de estas compañías, empleando sobornos, es lo que la tiene en el ojo del huracán.
El más reciente capítulo de este espinoso caso fue la solicitud de la Procuraduría de suspender el contrato entre la Triple A e Inassa por el pago de servicios de asesoría en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica, que no estarían siendo suministrados.
La Procuraduría busca “prevenir una defraudación al patrimonio y evitar lesiones a la prestación de los servicios públicos domiciliarios en Barranquilla”, ya que para el ente de control “existen indicios que permiten inferir que no se ha recibido por parte de Inassa la mencionada asesoría, por la que se ha pagado $221.752.656.750”.
Está claro que la investigación debe seguir su curso, pero preservar la calidad del servicio de agua debe ser una prioridad para las autoridades.
