Por primera vez en la historia de Colombia, una mujer llega a la cabeza de la Defensoría del Pueblo, uno de los cargos más relevantes para el respeto y garantía de los derechos humanos en el país. Iris Marín, abogada con una gran trayectoria asociada a la defensa de los derechos humanos, tiene una amplia experiencia en atención a víctimas del conflicto, conoce bien el sector público, lo que le puede dar un buen manejo para la gestión institucional, y sabe de primera mano los retos de la implementación del proceso de paz, así como de los mecanismos de justicia transicional. En síntesis, si logra generar consensos dentro y fuera de la Defensoría, puede llevar a esta organización a desempeñar un papel relevante y trascendental frente a los desafíos que enfrenta el país.

Entre los retos que enfrenta la Defensoría está el acceso de las víctimas del conflicto a la justicia y la reparación, pues hasta 2023 solo el 13% de las víctimas han sido reparadas. En medio de la crisis generada por el ELN en el Chocó, donde la población civil está sufriendo una violación masiva de sus derechos, el papel de la Defensoría es clave tanto para exigir al gobierno nacional que adopte medidas urgentes para resolver este asunto como para proteger, ante todo, a los civiles que son los más afectados por las actividades delictivas de este grupo armado.

En medio de todo esto, el conflicto armado sigue a flor de piel, con mayor intensidad en ciertas regiones del país, donde es de suma importancia que haya un acompañamiento de la Defensoría para garantizar que las poblaciones más vulnerables reciban, como es debido, la protección del Estado. Uno de los temas más relevantes, que ya ha sido planteado por la nueva defensora, es el trabajo que debe adelantar en materia de violencias basadas en género. Es un tema central, pues la violencia de género sigue siendo una constante en el país, tanto en los círculos familiares como de forma sistemática en el marco del conflicto y la violencia a lo largo del territorio nacional.

Ahora, la Defensoría del Pueblo, además de divulgar y apoyar la defensa de los derechos humanos, tiene por mandato constitucional iniciativa legislativa, lo que le abre la puerta a Marín para diseñar políticas públicas que respondan de manera más efectiva a los numerosos retos que enfrenta. Muchos de estos desafíos pueden tener solución implementando mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder a la justicia en Colombia, entre otras acciones. En medio de tanta desazón con el sector público en el país, se recibe de forma positiva que una mujer experta en la materia llegue a este cargo. Ojalá su experiencia y vocación le permitan desempeñar un gran papel en la Defensoría.