La suspensión de la ley de garantías supone un riesgo electoral que a todas luces amenaza la transparencia en la administración de los recursos públicos y que podría afectar los resultados de las próximas elecciones. El proyecto de ley de presupuesto general incluye dentro de sus artículos la suspensión de la ley de garantías, la cual establece restricciones a la contratación directa por parte de entes del Estado durante los tiempos electorales. Las razones por las que el gobierno defiende la necesidad de esta suspensión llevan a la institucionalidad a un dilema subyacente; si debería privilegiarse la generación de empleo en medio de una crisis económica sin precedentes sobre la necesidad de salvaguardar la democracia nacional.
Esta decisión no supone un tema menor, pues ante una situación apabullante de desempleo como la que enfrenta Colombia, cualquier medida que se adopte para reactivar la economía debería ser bien recibida. Sin embargo, la medida que se propone, si bien podría llegar a ser una paliativo a la crisis económica, abre la puerta hacia un nuevo escenario de corrupción en el país y de riesgos electorales que afectan gravemente la democracia. Las restricciones a la contratación pública que se imponen durante los meses previos a las elecciones siempre han sido criticadas por los efectos que ello tiene en el funcionamiento del Estado, no obstante, cuando se adoptó esta medida se hizo con la finalidad de proteger el erario y no dejarlo a merced de la conveniencia política de quienes estén en el poder.
Bajo este supuesto la suspensión de la ley de garantías es una afrenta contra la institucionalidad en dos sentidos; porque implica, por un lado, dejar desprotegido la salvaguarda del patrimonio público, y por otro, las garantías que todo candidato debería tener de participar en condiciones de igualdad en la contienda electoral. Que la ley de garantía se suspenda no supone per se la consecución de actos de corrupción, pero al hacerlo se elimina de plano una medida preventiva que resulta necesaria en un país donde cada año se pierden 50 billones de pesos por este fenómeno. Ahora, para nadie es un secreto que históricamente la política colombiana se ha movido a favor o en contra de determinados partidos, dependiendo de su cupo burocrático, de su capacidad para otorgar contratos y hacer nombramientos estratégicos que garanticen el voto de las maquinarias.
A todas estas realidades de la política colombiana, razones suficientes para que se mantenga la ley de garantías, se suma el hecho de que la forma en la que pretende suspender sus efectos es abiertamente inconstitucional. Esta medida que busca modificar los efectos de una ley estatutaria, se está tramitando mediante un proyecto de ley ordinaria, lo que claramente es contrario al procedimiento legislativo nacional y, por ende, contrario a la Constitución. Las esperanzas de que esta decisión no sea aprobada son pocas, por no decir nulas, pero este retroceso de nuestra institucionalidad deberá ir acompañado de la responsabilidad política de quienes lo promuevan y lo aprueben.
@tatidangond
