Llego a la conclusión que en materia de leguleyadas mi capacidad de asombro sigue intacta, a pesar de los horrores y errores que he visto, constatado y comentado a lo largo de casi 50 años como periodista. Leo en EL HERALDO, que dos profesores de la Universidad de Manizales han demandado la Ley 1918 de 2018 que busca que quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores no tengan acceso laboral a oficios que estén relacionados directamente con niños, niñas y adolescentes. La razón que argumentan es que esa ley es inconstitucional porque vulnera los derechos a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la honra, al trabajo y a poder escoger libremente a una profesión u oficio, entre otros derechos constitucionales. Y es la segunda vez que intentan destruir esa mínima protección de los menores ante la Corte Constitucional: reinciden, como suelen hacerlo los delincuentes sexuales quienes, a pesar de pasar años en las cárceles, tan pronto cumplen la pena suelen repetir sus ataques contra indefensas víctimas, muchas que ni siquiera tienen edad para descifrar la mala intención del adulto tan simpático que le regala dulces y les cuenta bonitos cuentos mientras los aleja de casa o del que los arrebata con violencia de sus juegos como a la niña Samboní o son incapaces de denunciar al familiar cercano que los abusa dentro de su propio hogar bajo amenaza de hacer daño a sus padres y además los culpa, por provocadores, de sus puercas tendencias pedófilas.

Esta absurda demanda cursa en un país donde a diario son violados, abusados y asesinados niños y niñas de todas las edades, desde la cuna hasta los 18 años que es cuando se alcanza la mayoría de edad y, por tanto, se es responsable de sus actos, salvo en aquellos casos cuando se es sometido con armas que no admiten razonamiento y dejan a cualquier ser humano en estado de indefensión.

La víctima de abuso o violación que sobrevive nunca se repone de esa negra experiencia que asaltará su mente durante el resto de su vida y todas sus relaciones personales, del tipo que sean, estarán signadas por esa rutina de sexualidad temprana y le será imposible establecer una relación emocional sana. Su vida cambia para siempre y solo la terapia psicológica puede ayudarle a entender que no fue su culpa y que necesita dejar atrás ese trauma. Pocas víctimas alcanzan ese equilibrio.

Sin duda alguna quien cumple su pena y es declarado rehabilitado para regresar a la sociedad tiene derechos, pero de ninguna forma puede practicar un oficio o profesión que lo lleve al contacto directo con la población afectada por su delito: la prevención de la ocasión de repetir su falta es clave. Este par de académicos requieren ayuda urgente con mucha información sobre la realidad colombiana, solo imaginándolos en una burbuja puede comprender su pretensión. ¿Ahora bien, alguien me puede decir en cuál cárcel de Colombia no hay hacinamiento, dónde se presta asistencia psicológica y se resocializa a los reos? losalcas@hotmail.com