En Colombia, la labor del abogado defensor, lejos de ser comprendida como una función esencial en el sistema de justicia, parece convertirse cada vez más en una actividad de alto riesgo. El ejercicio de la defensa de los derechos de los ciudadanos, más que respetado, es objeto de hostigamiento y agresión por parte de quienes, paradójicamente, deberían velar por el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos humanos.
Un episodio reciente en Medellín pone de manifiesto esta preocupante realidad. En una estación de policía, una abogada fue arrastrada violentamente por varios uniformados. Su "delito" fue ejercer su labor de defensa, al encontrarse en este lugar atendiendo los derechos de un capturado, derecho garantizado por la Constitución. Debemos señalar que las imágenes que quedaron en video, son impactantes, la abogada es sometida con fuerza desproporcionada por los policías e incluso agarrada por el cuello, en un claro abuso de autoridad.
Este tipo de hechos no puede ni debe normalizarse. Los abogados defensores jugamos un papel crucial en el sistema judicial, ya que garantizamos que los derechos de todos los ciudadanos, sean respetados en el marco de un debido proceso. Sin ello, el equilibrio de poderes se rompe y se abre la puerta a la arbitrariedad. El ataque contra una abogada defensora es un ataque directo contra el derecho a la defensa y, por ende, contra la justicia misma.
Debemos rechazar de manera contundente este tipo de actos de violencia institucional. La labor de los abogados defensores son un pilar fundamental de la democracia y del Estado de Derecho. No se puede tolerar que quienes ejercen este rol sean tratados como enemigos por las fuerzas de seguridad. Al contrario, la defensa debe ser protegida, promovida y dignificada como una pieza clave en el entramado de justicia que aspira a garantizar una Colombia más equitativa y respetuosa de los derechos de todos.
Este no es un incidente aislado, y eso es lo que más preocupa. En muchos casos, los abogados defensores son estigmatizados o percibidos como obstáculos para la "justicia rápida". Sin embargo, este tipo de pensamiento es erróneo y peligroso. El respeto por el debido proceso y la defensa no es un obstáculo para la justicia, es su esencia. Sin estas garantías, cualquier sistema se convierte en una maquinaria de opresión.
Hoy, más que nunca, es necesario exigir que las autoridades, empezando por la Policía Nacional, respeten el trabajo de los defensores. De no hacerlo, corremos el riesgo de caer en un estado en el que el abuso de poder se justifica y la justicia es un privilegio, no un derecho.
