Esta semana, el caso de Mauricio Leal ha vuelto a ser tendencia y centro de debate debido a la aparición de un presunto video en su celular. Este hallazgo surge después de que su hermano, Jonier Leal, fuera condenado por el asesinato de Mauricio y su madre. Esta controversia no gira en torno al contenido del video, sino al hecho de que la Fiscalía, que tuvo acceso al celular de Mauricio durante la investigación, aparentemente no reveló esta prueba a la defensa. Esto plantea una profunda preocupación sobre el incumplimiento de la obligación de la Fiscalía de descubrir todos los elementos de prueba, independientemente de si se practican o no en el juicio.

En nuestro sistema judicial, el respeto a las garantías procesales es un pilar fundamental que no puede ser ignorado. La Fiscalía tiene la obligación de entregar todas las pruebas al proceso, pues es el juez quien decide su relevancia y su capacidad para influir en el veredicto. La omisión de esta obligación no solo es una falta grave, sino que podría tener consecuencias devastadoras para la justicia, incluida la posible nulidad del proceso.

Este caso es un recordatorio contundente de que el respeto a las garantías procesales de los procesados nos concierne a todos. Incluso, aquellos que creen firmemente en la culpabilidad de Jonier Leal deben reconocer que, si esta condena llegara a ser anulada, no sería por el contenido del video, sino por el ocultamiento de pruebas por parte de la Fiscalía.

El peligro real aquí radica en que, si permitimos que estas conductas pasen desapercibidas o, peor aún, se normalicen, estaríamos consintiendo la transgresión de derechos fundamentales por parte de algunos fiscales. En un proceso tan público y mediático como este, es inevitable preguntarse cuántas veces ha ocurrido algo similar en casos menos visibles, sin que se haya denunciado, por lo que no puede seguir pasando desapercibido.

El fiscal encargado del caso ha emitido un comunicado en el que, lejos de aclarar la situación, ha dejado más dudas que respuestas. Si, como se sospecha, el vídeo se grabó minutos antes de la muerte de Mauricio Leal y era uno de los últimos elementos en la galería de su celular, ¿cómo es posible que no se haya hecho público, no lo hayan encontrado, ni se haya entregado a la defensa? La pregunta no es si este video podría cambiar el curso del proceso y llevar a la absolución de Jonier Leal, sino por qué la defensa no tuvo acceso a esta prueba, ya que un juez de la República no tuvo la oportunidad de valorarla.

En última instancia, debemos recordar a la ciudadanía que, por más oscuro que sea este proceso, lo realmente grave es que estas prácticas podrían repetirse en cualquier otro caso. Como sociedad, no podemos permitir que se transgredan los derechos fundamentales de los procesados. Es nuestra responsabilidad exigir transparencia y respeto absoluto a las garantías procesales, no solo por justicia para las víctimas, sino por la integridad del sistema judicial.