Crecen con razón las preocupaciones por el estado del canal de acceso al puerto de la ciudad, ante su inminente cierre provocado por la caída del calado operacional, al tiempo que crecen las esperanzas en su solución, por los anuncios del gobierno nacional de una pronta apertura de la licitación, que adjudicará la APP para la operación y mantenimiento del canal. Sin desconocer las buenas intenciones e interés que ha depositado en este contrato el gobierno del Presidente Duque y su Ministra Ángela María Orozco, la revisión de los términos del borrador de los pliegos publicados, indican que la solución puede ser peor que la enfermedad y que los sueños de tener un Rio Magdalena navegable quedarán aplazados.

Empecemos por su extensión: a pesar que los estudios contratados en 2013 y en 2019 demuestran que la mayor cantidad de carga susceptible de ser transportada por el río está en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Antioquia y Bogotá, la APP sólo llega hasta Barrancabermeja, a 256 kilómetros de lo esperado. Nos dicen que este tramo vendrá después, pero no nos cuentan que compartir los riesgos entre dos concesionarios diferentes para dos tramos distintos del río es un imposible, o en el mejor de los casos, un riesgo muy alto para las arcas de la Nación.

Pero existen otras preocupaciones con los términos de esta APP; procurando ampliar el número de empresas interesadas en participar, se propone que la Nación comparta con el privado el riesgo de dragado; si el dragado calculado anual estimado en 3.600 millones de metros cúbicos al año, es superado en un 160%, la Nación asume la diferencia, pero, atérrense, en este caso el valor del metro cúbico dragado pasa de $7.600 pesos a $ 20.625 pesos; claramente se está incluyendo un estímulo perverso para dragar más, pues a mayor cantidad de metros cúbicos, el ingreso para el concesionario casi que se triplica.

Además, como otra estrategia para aumentar el número de proponentes, disponen los pliegos que el privado no requiere de experiencia ni en dragado ni en construcción de obras fluviales, con lo que la Nación contratará a ciegas, confiada solamente en la capacidad del concesionario de contratar a su vez a alguien que sí la tenga: que nos proteja Dios, que esta omisión no sea aprovechada por otros Centros Poblados.

Otra perla en estos pliegos, es que propone la construcción de 16 obras funcionales, pero dispone que se le debe pagar al contratista con la sola condición que las termine, sin atender su funcionalidad; es otro estímulo perverso, pues el riesgo de una obra mal diseñada no existirá, en la medida que el concesionario cobrará el valor de la obra y si esta no favorece la navegación, pues recibirá el valor del dragado, lo más probable, al triple del valor presupuestado.

Todavía se está a tiempo de corregir: el puerto de Barranquilla necesita solución, la ciudad lo reclama, pero parodiando una frase de pasada campaña sí, pero no así.