En Atenas, siglo V a.C., se aprobó, con liderazgo de Pericles, un pago a los ciudadanos para asistir a asambleas, tribunales y acceder a ciertos cargos, para incentivar que los más pobres participaran en la democracia. Aristóteles advirtió los riesgos de convertir la contribución cívica en un gasto, pues las medidas no creaban ciudadanía, la compraban. Mientras hubo ingresos suficientes, funcionó, al disminuir, la democracia populista tuvo que mantener los beneficios sin respaldo económico.
Aumentar el salario mínimo en ~23% se presenta como avance social histórico. En economía, las decisiones no se miden por intención sino por efectos, que no se ven con el anuncio sino meses después, cuando llegan las facturas. Un incremento de esta magnitud no son solo ingresos para los que ganan el mínimo, son un choque de costos que se propaga a la economía. En servicios públicos es evidente, ya que éstos no son solo infraestructura. Son trabajo humano: operación, mantenimiento, atención al usuario, etc., es decir, costos laborales atados al salario mínimo. Si aumenta muy por encima de la inflación y de la productividad, el costo de operar sube para el gas, el agua y la energía eléctrica. Intensivos en mano de obra y con márgenes estrechos regulados, tienen pocas opciones: trasladar el mayor costo a tarifas (la regulación lo considera), reducir inversión y mantenimiento, o deteriorar sus finanzas. Todos los casos perjudican al usuario. Stricto sensu, mayores costos irán a las tarifas; el artículo 87 de la Ley 142-1994 (Régimen de servicios públicos domiciliarios) establece que, para sostener la Suficiencia Financiera, “las tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos de operación”. Si las empresas subieran arbitrariamente sueldos a sus empleados, la regulación no los reconocerá por ineficientes, pero si el gobierno define los incrementos, primará el criterio de suficiencia financiera y deberían trasladarse a los usuarios. La inflación de servicios es constante y un aumento tan alto del salario mínimo se convierte en facturas que pagan incluso quienes no reciben ese salario. Gran paradoja: una medida “pensada” para proteger el ingreso, terminaría encareciendo los servicios, reduciendo inversión y afectando empleo formal en empresas donde el salario mínimo es referencia clave. Nadie niega la necesidad de mejorar el ingreso real de los trabajadores, pero sin confundir el objetivo con el instrumento. Subir salario mínimo ignorando la productividad, trae efectos secundarios que minan el poder adquisitivo que busca proteger. El aplauso es de un día, el deterioro de años.
El salario mínimo de 2026 advierte que las decisiones económicas populares esconden costos diferidos (inflación, déficit fiscal, tarifas altas y crecimiento lento). En economía, forzar por un lado es cobrar por otro. No es dogma ni falta de sensibilidad social, los griegos aprendieron a las malas: “decretando” prosperidad sin productividad, cosechamos daños a la economía.
@achille1964
