El Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el Distrito Judicial de Barranquilla tiene en la congestión un problema persistente. Se han hecho esfuerzos puntuales pero aún insuficientes para atenuarlo como, por ejemplo, la implementación del sistema de calidad (SIGCMA) efectuada en los despachos penales, gracias a una alianza de la Rama Judicial, la Gobernación del Atlántico y la Fundación Protransparencia.
Según un estudio de 45 páginas de la Fundación Protransparencia, la congestión se expresa de tres maneras: en sobrecarga de trabajo en Fiscalía, Defensoría del Pueblo y despachos penales; en congestión que afecta la programación de audiencias de control de garantías y de la etapa de juicio, y en insuficiencia de planta de personal, de infraestructura y de tecnología, tanto en sedes judiciales y fiscales como en centros de reclusión y detención transitoria.
Este estudio se basa en estadísticas institucionales, en entrevistas semiestructuradas, en documentos de gestión, en observación y sistematización de experiencias y en estrategias de análisis, y realiza un examen de Fiscalía, Defensoría del Pueblo, despachos penales, cárceles, Centros de Detención Transitoria y estaciones de Policía.
Daré unos números para que tengamos una idea estadística exacta del tamaño de la congestión. Entre 2019 y 2024 a la Fiscalía seccional ingresaron 428.435 noticias criminales a cargo de 156 fiscales para una carga procesal promedio de 2.746 casos por fiscal. En 2024 a la Defensoría del Pueblo ingresaron 34.118 procesos penales a cargo de 167 defensores públicos con una carga promedio de 204 casos por defensor. Y en 2024 a los despachos penales ingresaron 28.576 procesos que sumados a los 39.748 que venían de 2023 totalizaron 68.324 procesos a cargo de 67 jueces lo que da una carga promedio de 1.020 expedientes por juez.
El estudio propone recomendaciones de corto, mediano y largo plazo para cada uno de los eslabones intervinientes del SPA, que me resulta imposible sintetizar en esta columna. Solo destaco estas recomendaciones: ampliar la planta de fiscales, investigadores y defensores; crear o redistribuir despachos penales; invertir en infraestructura carcelaria y reducir el hacinamiento en las estaciones de Policía. La atención a estas necesidades depende de una resolutiva concurrencia interinstitucional entre los niveles central y territorial.
Es crucial un aparato penal que sea un poderoso instrumento para procesar delitos como la extorsión, el hurto, el homicidio y el porte ilegal de armas. Que son los que más perturban la vida cotidiana de los barranquilleros.
@HoracioBrieva
