Esta semana, con motivo de la salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el presidente puso en el centro del debate un tema que durante décadas ha sido parte fundamental de la dinámica política y de gobernabilidad entre los gobiernos y el Congreso: los llamados cupos indicativos. Aunque esta práctica no es exclusiva de Colombia ni de otras democracias presidencialistas multipartidistas, como la de Brasil, plantea una discusión que no debería limitarse a momentos de agitación política, como los que se vivieron en los últimos días.
Los sistemas de gobierno presidencialistas multipartidistas suelen garantizar su gobernabilidad de dos formas principales desde una perspectiva de realpolitik. Una de ellas es a través de la política distributiva, que permite formar coaliciones o alianzas temporales con partidos políticos otorgándoles participación directa en la burocracia del Ejecutivo. Esto puede observarse, por ejemplo, cuando se designa a un ministro que no necesariamente pertenece al partido gobernante. Esta práctica ha sido una constante en Colombia; basta con mirar a los partidos Liberal y Conservador, que no han ocupado la presidencia desde Ernesto Samper y Andrés Pastrana, respectivamente, pero que han mantenido presencia en los gabinetes de gobiernos liderados por otros partidos o movimientos.
La otra forma de garantizar gobernabilidad es mediante acuerdos directos con los congresistas, quienes, según la ley, pueden “gestionar recursos e inversiones para sus regiones, siempre que no impliquen favorecer intereses particulares”. En la jerga política colombiana, esto se conoce como cupos indicativos. Ahora bien, ¿qué tendría de malo que un congresista abogue por las necesidades de su territorio o circunscripción? ¿Acaso no es esta una parte fundamental de su función de representación política? En un escenario ideal, donde esta facultad no estuviera condicionada por el intercambio de favores políticos ni guiada por intereses particulares, y donde los congresistas se preocuparan auténticamente por el desarrollo regional, esta figura sería sumamente positiva. Sin embargo, en la realidad, este mecanismo suele convertirse en un instrumento que socava la democracia y el interés general.
La calidad de la democracia se ve afectada porque, al final, el presidente y su gabinete asumen un rol casi omnipotente, utilizando los recursos públicos como herramienta para asignar proyectos en las regiones a cambio de votos en el Congreso. Este esquema fomenta una peligrosa concentración del poder en el Ejecutivo y distorsiona el principio de pesos y contrapesos.
Además de otorgar amplios poderes al presidente, la distribución y ejecución del gasto público a menudo se realiza de manera deficiente, incluso dentro de las propias regiones. Los recursos suelen destinarse a proyectos aislados que responden más a los intereses particulares de algunos congresistas y sus líderes locales, que al verdadero desarrollo de sus comunidades. ¿Alguna vez ha visto proyectos desconectados de las necesidades reales de su municipio? ¿Esos que nadie comprende por qué fueron priorizados mientras problemas más urgentes quedan desatendidos? La próxima vez, pregúntese qué político está detrás. Quizás sea el resultado de uno de esos cupos indicativos, que, independientemente de si provienen de la izquierda, el centro o la derecha, solo perjudican al país.
@tatidangond
