Esta semana, el caso del expresidente Álvaro Uribe nos da la excusa perfecta para hablar de un tema del que los penalistas nos hemos quejado más de una vez: las interceptaciones telefónicas.
Hemos hablado mucho de ellas porque tocan temas delicados de derechos fundamentales, pero en la práctica, pasan nuestras observaciones pasan desapercibidas y con ellas, el derecho a la defensa.
Una vez más, queda demostrado que los derechos de los ciudadanos a la defensa y de los abogados al secreto profesional siguen estando desprotegidos.
Aunque el expresidente ha manifestado al interior de este proceso que Diego Cadena era su abogado, las interceptaciones que grabaron sus conversaciones en 2018 fueron aceptadas como prueba en su proceso penal. Aunque esas comunicaciones están protegidas por el secreto profesional, que no es un capricho, sino una garantía constitucional.
La Procuraduría ha pedido que estas pruebas se excluyan, argumentando que vulneran derechos fundamentales. Ahora el Tribunal Superior de Bogotá tiene en sus manos la decisión final. Pero aquí es donde debemos parar y reflexionar: estas grabaciones no debieron llegar tan lejos.
En cualquier caso, cuando un investigador de la Fiscalía escucha algo que entra en la categoría de secreto profesional, lo correcto sería descartar esa parte de inmediato. ¿Por qué? Porque la Constitución protege estas comunicaciones precisamente para garantizar un proceso justo.
Si no respetamos esas reglas mínimas, entonces no podemos hablar de un verdadero Estado social de derecho. ¿podríamos entonces hablar de un juicio justo cuando las pruebas se obtienen con violaciones a derechos fundamentales?
Y esto no se trata del expresidente o de un color político. Se trata de que las garantías no son negociables. Hoy es Álvaro Uribe Vélez, pero mañana puede ser cualquier ciudadano enfrentándose a un proceso penal donde la balanza ya está desequilibrada.
Las interceptaciones son una herramienta poderosa, sí, pero no son un cheque en blanco. Regular su uso es urgente, no solo para proteger a los acusados, sino también para evitar que los abogados queden a merced de un sistema que no respeta su rol como defensores. Porque cualquier conversación puede ser usada en su contra.
Este caso debe servir para abrir el debate. Las interceptaciones no pueden seguir siendo un terreno de nadie, donde las reglas se aplican según la conveniencia del momento. Es hora de que hablemos de límites claros, de garantías reales y de cómo asegurarnos de que la justicia no pase por encima de los derechos fundamentales que dice proteger.
@CancinoAbog
