En el mes de julio que termina, el Gobierno a través de algunos de sus ministerios radicó en la Comisión Primera del Senado un proyecto de ley enfocado a judicializar de forma más severa la explotación ilícita de minerales. Se busca abarcar a todos los actores inmersos dentro del proceso y no solo a quienes realizan físicamente la extracción. Además de incluir la judicialización de diversos aspectos que giran alrededor del “negocio”, será un delito de mayor gravedad cuando se afecte y/o se generen daños al medio ambiente.

De acuerdo con el IDEAM, la explotación ilícita de minerales es la cuarta causa de deforestación. No menos importante es señalar que un buen porcentaje de la mano de obra de dicha actividad ilegal son menores de edad y mujeres cabeza de familia, convirtiéndose así en los primeros responsables del hecho ante la ley.

Esta práctica ha crecido aceleradamente en diversas zonas del país, rompiendo toda comunión entre el ambiente y lo social, pues sumado a la degradación del territorio se evidencia la contaminación de recursos primordiales en la vida como el agua, el aire y el suelo. Y algo más paradójico y preocupante a la vez, que un alto porcentaje de la minería ilegal se desarrolla en reservas forestales. ¿Por qué no se le ha podido poner freno a ello? ¿Qué impide que se haga cumplir la ley vigente? En principio, podría advertirse que no hay un adecuado control por parte de todas las entidades que de una u otra forma son las encargadas de regular la minería, sin dejar de lado los intereses económicos que puedan existir alrededor del tema.

El Ministerio de Minas y Energía, la Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentaron en el 2019 un informe sobre la explotación del oro de aluvión basado en análisis de imágenes de 2018, estableciendo 92.046 hectáreas de dicha extracción con maquinaria en tierra, presentándose un incremento de más de 13.000 hectáreas en relación con las mediciones de 2014.

El informe da a conocer que la problemática es más acentuada en los departamentos de Antioquia y Chocó. En una menor proporción en zonas puntuales del sur de Bolívar y del occidente de Valle, Cauca y Nariño. Ésta práctica de minería ilegal la traigo a colación por el alto poder destructivo de la maquinaria, pues en muy poco tiempo convierten en desierto un cuerpo de agua o una zona que puede ser exuberante en cobertura vegetal. Pero el problema no para ahí, pues la contaminación por mercurio del agua y el suelo ha venido ocasionando de manera progresiva afectaciones en la salud de las comunidades, lo que convierte a esta práctica ilegal en un instrumento que atenta contra la vida en todo su contexto.

Ojalá que el proyecto de ley, además de ser aprobado en el Senado, no se quede en un buen documento escrito, sino que pueda ser la base para la reordenación de los territorios, en los que además de apostarle a lo ambiental se consideren todos los conexos socioeconómicos como el primer eslabón de la problemática, con alternativas laborales y producción sostenible. El país debe mantener su mirada al medioambiente en Colombia en función de la población.

@ChristianEuska

Meteorólogo VIDEOCLIMET