La semana anterior se celebró en Bogotá el XIII Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas, el evento hospitalario más importante que se organiza en el país cada dos años por su gremio, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). En este encuentro, al que asistieron alrededor de 800 personas representando a los diferentes actores que intervienen en el sistema de salud de este país, entre otros temas, se abordó uno que fue propuesta de campaña para el sector por parte del hoy presidente electo, Iván Duque.
Hace cuatro meses, cuando aún era candidato, Duque dijo que para sanear al sistema de salud colombiano “es necesaria, como se ha hecho en otros países, una ley de punto final que diga ¿quién le debe a quién y cuánto? Después de esta ley de punto final, cualquier acumulación de deudas de más de 90 días debe tener una efectiva sanción patrimonial”. Esa idea de la ley de punto final para el sector salud colombiano ha seguido caminando y tomando cuerpo, y ha generado tanto adeptos como críticos.
Justamente en el Congreso al que me referí al inicio de este escrito, se revisaron algunas cifras correspondientes a la deuda existente entre los pagadores y los prestadores del sector salud colombiano: para la Asociación de Hospitales y Clínicas la deuda asciende a $8,4 billones, las EPS dicen que está entre en $6 y $7 billones, mientras que para el Gobierno la deuda es de $2,5 billones. Como puede observarse no hay coincidencia en esta información que requiere exactitud para poder enfrentar la problemática de su pago y la definición de estrategias para que las clínicas y los hospitales reciban la plata que se les debe.
Por ello, si bien por parte de los diferentes actores del sistema existe una receptividad inicial y apoyo colectivo manifiesto frente a la propuesta de Duque para que estas cifras se unifiquen de una vez por todas, aplicándose una ley de punto final que permita sanear las finanzas del sistema de salud, aunque dicha ley no sea la única medida a tomarse por el nuevo Gobierno, también es cierto que existe una principal diferencia al respecto entre los implicados.
Un tipo de ley de punto final como la que se propone permitiría determinar los responsables del déficit del sistema, la exactitud de las cifras reales de deuda y, por supuesto, el plan de pagos para cancelar dicha billonaria cartera. Y justamente ahí es donde radica esa principal diferencia, pues mientras que para el gremio hospitalario ese plazo razonable no debe superar máximo 18 meses para pagar la billonaria acreencia, para Acemi que es el gremio que agrupa a las deudoras y morosas EPS, “esas leyes de punto final incluyen un plazo de 7 o 10 años de saneamiento y se entregan unos papeles que se puedan redimir en el mercado. Hay muchas fórmulas para eso porque el dinero de contado no lo hay”.
Así las cosas, una ley de punto final para el sector salud es bienvenida, pero no para que se cancelen las deudas que se deben en 10 años y con “papeles”, sino para que les paguen a las IPS todos los billones que les deben, en máximo año y medio y con plata. Dicho pago se necesita cuanto antes pues hacerlo en más de 18 meses significaría para muchas IPS privadas y públicas su cierre definitivo.
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