No podemos seguir permitiendo que se siga debilitando la independencia judicial a punta de señalamientos irresponsables, puesto que, el daño no será solo para los jueces. Será para todos los ciudadanos que un día, sin esperarlo, necesiten que alguien proteja sus derechos frente al poder del Estado.
Lo que preguntan por ahí
Colombia necesita una política ambiental coherente: misma exigencia para todos los sectores productivos, priorización de la formalidad, trazabilidad pública de impactos, ejecución de compensaciones verificables y un compromiso de transición que tenga sustento financiero y material.
Un líder que trasciende provoca que otros descubran capacidades que no sabían que tenían, convierte la duda en seguridad y su potencial en una acción real.