El occiso registraba diferentes anotaciones judiciales, la más reciente en abril pasado por el delito de porte ilegal de armas de fuego.
Según la Fuerza Pública la vigilancia y seguridad se dará en las zonas rurales y urbanas.
La liberación se dio mediante una misión humanitaria conformada por la Diócesis de Ocaña y otras instituciones de derechos humanos.
Según las autoridades los hechos sucedieron durante un año en el municipio de La Jagua de Ibirico.