Gobernanza y gobernabilidad son conceptos diferentes. El primero hace referencia a la estructura de manejo de las relaciones dentro de las organizaciones, ya sean privadas o públicas. El segundo se refiere más a la viabilidad política de un gobernante en el logro de mayorías con respecto a los órganos parlamentarios y la población. Toda organización tiene su gobernanza, buena, regular o mala.
El desarrollo territorial en Colombia es un reto. Muchas veces los planes de desarrollo generan sus políticas en los territorios, pero poco se hace desde los territorios mismos con verdadera autonomía. El desarrollo desde los territorios es todo un desafío. El desarrollo local se vuelve así una caja negra difícil de descifrar y los gobernantes municipales se pierden en esa matriz compleja de relaciones con el departamento respectivo y el nivel nacional.
Por ello fue interesante escuchar a dos alcaldes del Caribe (Ciénaga y Manaure -Balcón del Cesar-), en el marco de un panel desarrollado en la Cátedra Europa, organizado por el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte. Ambos municipios fueron afectados por el paramilitarismo y la guerrilla hasta fechas recientes. Estos alcaldes vivieron en sus municipios un antes y un después del proceso de paz. El balance que entregaron fue favorable al proceso de paz, dado que ahora se respira un clima diferente que permite adelantar las tareas del desarrollo. Ya pueden visitar sus corregimientos sin problema y pueden adelantar iniciativas comunitarias sin interferencia de grupos armados. Para ellos, que vivieron el conflicto y pusieron sus muertos, no puede haber reversa. En Manaure han manejado en forma excelente sus relaciones con los exguerrilleros que están asentados en el espacio de reconciliación, quienes suman más de 320 personas, entre antiguos guerrilleros y sus familiares que han llegado.
Superado el conflicto armado, ahora la discusión se centra en los factores que impiden el desarrollo de sus territorios. Allí incide el centralismo exagerado de este país, donde desde Bogotá se pretende manejar los 1.122 municipios. El Sistema General de Participación necesita ser reformado, pues se orienta más por población que por población pobre. Los proyectos de regalías son difíciles de aprobar para estos municipios de baja categoría por la tramitomanía y los requisitos exigidos. Los alcaldes deben enviar información a más de 50 plataformas, lo cual con el escaso personal los mantiene ocupados inútilmente. Los recursos del Gobierno nacional resultan muchas veces irrisorios.
Otro factor que afecta la gestión local es el clientelismo imperante, enraizado en la cultura política en estos territorios. La compra de votos campea a pesar de los chivos expiatorios que se buscan con Aida Merlano. Si al Atlántico lo investigaran a fondo no quedarían muchos parlamentarios.
Para poder impulsar el desarrollo en los territorios necesitamos no solo reformar el SGP y el sistema de Regalías, sino también avanzar en la regionalización. La RAP es una salida clave. No vi que los parlamentarios electos del Atlántico la mencionaran como una de sus prioridades.
