De crisis en crisis vivimos los colombianos sin que nunca quede en claro los responsables. Peor aún, cuando es inevitable que aparezcan los que cometieron los errores, jamás les pasa nada. El jueves anterior, la Superintendencia de Sociedades mediante el auto número 400-000601 de enero de 2018, decretó la apertura de liquidación judicial de la sociedad Navelena. Preocupan las razones para esta decisión: según sus propios reportes, la sociedad está en situación crítica porque presenta obligaciones vencidas a más de 90 días que superan el 10 % del pasivo social y está por lo tanto imposibilitada para cumplir con su función social.

Navelena nace como un consorcio del sector de construcción formado por Odebrecht y la colombiana Valores y Contratos S.A., cuyo objetivo era participar en el proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Entre sus múltiples responsabilidades aparecía el mantenimiento de la navegabilidad entre Barranquilla y Puerto Salgar, y todas las obras deberían ser ejecutarlas durante un período de seis años. Fue Cormagdalena la que adjudicó este contrato de asociación a Navelena, gracias a cuyas obras en el 2021 deberían volver a ser navegables 908 kilómetros entre Puerto Salgar y Barranquilla. Se agrega además que esta corporación es una Empresa Industrial y Comercial del Estado colombiano, cuya suerte le incumbe a todo el país.

Al margen de sus problemas con su socio Odebrecht, a quien todavía no se le acaban de esclarecer sus culpas y las de sus miembros, lo importante además es saber quiénes tienen que asumir las responsabilidades por este descalabro que deja nada menos que al río Magdalena por fuera de las necesarias soluciones de transporte de bajo costo en el país. En primer lugar, los gerentes de Cormagdalena que realizaron este convenio de asociación tienen que, por lo menos, dar explicaciones, a ver si algún día se tiene claro qué fue lo que pasó con este fracaso con inmensos costos nacionales y regionales.

En segundo lugar, los directivos de Navelena, su gerente y los miembros de su junta directiva no pueden pasar de agache como si nada tuvieran que ver con esta lamentable situación. Y, con mucha pena, los gobiernos locales: Gobernación del Atlántico y Alcaldía de Barranquilla, a quienes se les hizo saber por parte de expertos en temas ambientales y de navegabilidad, que era evidente que este, más que un importante proyecto, era simplemente un contrato. Así se dijo claramente en la reunión del Foro Nacional Ambiental que se realizó en Barranquilla, precisamente para alertar a las autoridades locales –gobernador del Atlántico y alcalde de la ciudad– sobre los grandes problemas de este convenio y sobre la forma como estaba actuando Navelena.

Por los costos para Barranquilla y el país, y por estar varios barranquilleros involucrados en esta crisis de la entidad, deben responder aquellos a quienes les corresponde hacerlo y asumir el costo de sus errores.

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