El asbesto es un grupo de compuestos minerales utilizados en diferentes tipos de elementos industriales, principalmente en los relacionados con el ámbito de la construcción. Sus propiedades, resistencia al fuego y buen comportamiento ante los agentes químicos, lo hicieron muy popular a mediados del siglo pasado, cuando su uso se extendió por buena parte del planeta. Al descubrir que la exposición a esos compuestos entrañaba riesgos cancerígenos, a finales de los años setenta la Comisión de Seguridad de los Productos para el Consumidor de EEUU prohibió parcialmente su empleo, y en 1989 la Oficina de Protección Ambiental de los Estados Unidos prohibió todo uso nuevo del asbesto, aunque los usos establecidos antes de esa fecha aún se permiten. En nuestro país el uso del asbesto no está restringido por la ley.
Se ha establecido que la exposición al asbesto es responsable de unas 100.000 muertes al año a nivel mundial, en Colombia son algo más de 300. No es un problema menor, cuando además se considera que aunque no se utilizara un solo gramo más del mencionado mineral, ya hay en uso una significativa cantidad, que demandará grandes esfuerzos para ser dispuesta de manera correcta y evitar así continuar suponiendo un riesgo importante para la salud.
En octubre de este año que termina, y luego de siete intentos fallidos, la Comisión VII del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley ‘Ana Cecilia Niño’, que pretende prohibir el uso del asbesto en Colombia. La ley se ha denominado así como un homenaje a una de las víctimas más notorias de esta peligrosa sustancia, quien con su esposo luchó por varios años para lograr tal prohibición. Todavía queda camino por recorrer, faltan más aprobaciones y trámites, pero ya el primer paso se ha logrado. Si todo llega a feliz término, Colombia seguirá el ejemplo de varios países que ya no permiten el uso del asbesto en sus territorios. Alemania, Argentina, Australia, Japón, los Países Bajos y 51 países más han optado por esa regulación. Estados Unidos, Canadá y China, entre otros, siguen siendo grandes ausentes de esa sensata lista.
Debemos, sin embargo, estar muy atentos al desarrollo del proyecto de ley que he mencionado. Es muy probable que por estos momentos de debate electoral, la atención del Senado esté volcada hacia otros objetivos, y que la valiosa iniciativa se termine enredando en el fango político. Perderíamos así una nueva oportunidad de corregir una práctica que ya se ha demostrado nociva. Todas las justificaciones están claras, faltará la voluntad de quienes tiene a su cargo esa tarea. Confiemos en que en esta ocasión, como lamentablemente no suele ser tan frecuente, se imponga el sentido común.
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