La demanda de energía eléctrica en el Caribe colombiano registra una expansión jalonada por el crecimiento urbano de sus ciudades capitales, especialmente los tres distritos y Montería. La celeridad de la urbanización, sumada a la inseguridad en el campo (léase creciente desempleo rural), ha traído consigo un flujo migratorio que en su mayoría se asentó en zonas suburbanas periféricas.
Como resultado, las zonas urbanas normales y subnormales de las ciudades más grandes hoy crecen a tasas similares, lo cual plantea difíciles retos a la prestación eficiente de servicios públicos, especialmente los de energía eléctrica.
El deficiente servicio de energía eléctrica en la región Caribe es una historia de vieja data. Al instaurarse la privatización que en 1998 sustituyó las nueve empresas de Corelca por una de Electricaribe, la cobertura creció y la calidad mejoró al punto en que la opinión pública regional respaldó inicialmente el nuevo esquema cuya estructura tarifaria progresiva subsidiaría, en parte, a los estratos más bajos.
Varios decretos nacionales crearon fondos de financiación de subsidios a las regiones que complementan los recursos que los recaudos de estratos altos no alcanzan a proveer. El Fondo de Energía Social fue creado para canalizar estos recursos.
El buen desempeño de la empresa duró muy poco: el servicio domiciliario empeoró y aún no da signos de recuperación; el servicio industrial que comparte con otras empresas continúa sin estar a la altura de las expectativas regionales en competitividad.
Hay un retraso considerable en las inversiones que debían realizarse para garantizar cobertura y calidad. Las opiniones en los medios abundan en temas de desgreño administrativo-financiero, y poco se menciona la dificultad que ha representado en la región la normalización de las zonas subnormales.
Según Wright y Ocampo, del Observatorio del Caribe, a 2015 el proceso de normalización continuaba lento, comparado con el rápido crecimiento en la subnormalidad, pese a que los subsidios aportados por el gobierno central han crecido notablemente.
Lo que nos conduce a la cuestión de fondo: si la distribución del ingreso continúa deteriorándose en la región Caribe, y si la subnormalización no cede, será muy difícil diseñar un esquema financiero viable siquiera para el corto plazo. Vale preguntar: ¿de qué sirve insistir en la privatización si el crecimiento subnormal y la impopularidad de elevar tarifas hará que la mayor parte de los ingresos para atender las nuevas demandas sociales sean públicos?
*Profesor del IEEC, Uninorte. Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen la posición de la Universidad ni de EL HERALDO.
