En medio de la confusión, la esperanza y el miedo, sentimientos que habitan en el corazón de los colombianos, el día de ayer, con la extracción de los últimos contenedores de las zonas veredales, se da inicio a una nueva etapa para el proceso de paz –que además de ser recibida como un gran logro para el país– deberá ser entendida como un reto social y político que compete a toda la sociedad.
Una sociedad que oficialmente acrecienta en términos civiles, tendrá que enfrentar dilemas éticos esenciales para los cuales un porcentaje mayoritario no está preparado. El Gobierno ha explicado a grandes rasgos lo que viene con el fin de las zonas transitorias: el reemplazo de estas por Espacios de Reincorporación y Capacitación, la apertura de estos espacios a personas diferentes a quienes militaron en las Farc, fin del monitoreo tripartito, controles de seguridad ahora en cabeza de la Fuerza Armada y Policía, e intensificación de la función estatal en el proceso de capacitación para desmovilizados.
Hay toda una estructura organizacional encargada de velar por la seguridad social, económica y política de las Farc, que estará dentro de cuatro meses en cabeza de la Agencia Nacional de Reincorporación. Si bien el Gobierno ha previsto todo lo relativo a la reincorporación de las Farc a la vida civil, hay un impase para el cual no se ha ideado aún una posible solución, esto es la capacidad que tengan los colombianos para recibir en buenos términos la llegada de este numeroso grupo de desmovilizados en el mercado laboral, en su entorno social y en la vida cotidiana. Con el fin de esta etapa no solo empieza un proceso de reintegración en los espacios establecidos para ello, sino que además, conforme afirmó el ministro del Interior, Guillermo Rivera, en Caracol Radio, los desmovilizados podrán circular libremente por todo el territorio nacional, incluyendo tanto a quienes han sido objeto de amnistía como aquellos que deberán comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Esto se traduce en que los desmovilizados llegarán a las ciudades en busca de oportunidades o a reencontrarse con sus familias, y si bien estarán amparados económicamente por el apoyo que les dará el Estado, lo cierto es que el país no está preparado para los retos sociales que esto implica. A pesar de que la literatura del asunto supone que la lógica de la paz involucra una serie de sacrificios económicos, y en términos de justicia para el colombiano es difícil entender cómo aquellos que tuvieron un papel directo en la guerra hoy reciben beneficios económicos y judiciales, que un ciudadano usual no recibirá. Sin lugar a dudas, debe haber un cambio en la narrativa que permita que la reincorporación no sea un hecho aislado, sino que esté articulado a la reconciliación, factor que definirá si es posible la construcción de un país en paz. Iniciativas como las lideradas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y como Red Territorios por la Paz, deberá extenderse para que los colombianos estén a la altura de lo que este complejo proceso de reintegración y reconciliación demanda.
@tatidangond
