Nayib Bukele, el presidente millenial de El Salvador vuelve a dar señales de la deriva autoritaria con la que gobierna, desde hace casi tres años, al país centroamericano. En una decisión controversial por la efectividad de la medida, pero sobre todo porque podría ser un cheque en blanco para vulnerar derechos fundamentales de la población, la Asamblea Legislativa, controlada en su mayoría por el mandatario, decretó –además, por petición suya- un régimen de excepción durante 30 días que suspendió cuatro garantías constitucionales: la de libertad de asociación y el derecho a la defensa, al tiempo que determinó la ampliación del plazo de la detención administrativa de 72 horas a 15 días y habilitó la intervención de las telecomunicaciones y la correspondencia.

Detrás de tan esperpéntica resolución, de acuerdo con el discurso oficial, se encuentran “graves perturbaciones del orden público por grupos delincuenciales” que han asesinado –desde el viernes anterior- a 87 personas, 62 de ellas el día sábado, el peor dato de la historia reciente del país. Para “garantizar la paz, contener y reducir el repunte de homicidios”, atribuido a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13), Bukele pide poderes a su Legislativo de bolsillo, saca a miles de policías y militares a las calles y ordena detenciones masivas de los supuestos responsables, a los que califica de terroristas. En menos de 48 horas, él mismo confirma casi 600 capturas, una cacería de brujas en curso.

Pese a sus mensajes intimidatorios, en los que anuncia a través de redes sociales –una de sus estrategias de comunicación más recurrentes– que los “criminales no verán la luz del sol” o que racionará la comida en las prisiones, declaradas en “emergencia máxima”, este nuevo estado de excepción, el tercero desde el inicio de su mandato, no es garantía de solución para la aterradora crisis de criminalidad que afronta El Salvador, donde se calcula hay unos 70 mil pandilleros. Es más, el Plan de Control Territorial (PCT), puesto en marcha por el actual gobierno con un presupuesto de 109 millones de dólares, aprobado en el Congreso, es considerado un “total fracaso”, a juicio de juristas y especialistas en seguridad, críticos de supuestas negociaciones o pactos secretos del Ejecutivo con líderes de estas estructuras delincuenciales.

Más allá del arrollador respaldo ciudadano del 85 % a las decisiones populistas del presidente, una paradoja política solo comprensible por el enorme rechazo social a los partidos tradicionales –el Frente Farabundo Martí y la Alianza Nacional Republicana– y sus cuestionados gobiernos, este nuevo ‘bukelazo’ ratifica el deterioro democrático en El Salvador. Con insistencia, tanto las voces independientes del país como la misma comunidad internacional han denunciado cómo la separación de poderes, la libertad de expresión y de prensa y, en general, la prevalencia del Estado de derecho permanecen bajo amenaza constante. O mejor, se encuentran sometidas a una purga implacable por cuenta de la “nueva historia” que con sus desvaríos autoritarios y menoscabo de libertades, escribe a diario el mandatario, atornillado en el poder, sin conceder el mínimo derecho de réplica a sus contradictores.

Bukele luce imparable en su propósito de “limpiar la casa”, dispuesto a derribar cualquier obstáculo que se le oponga. Lo demostró con la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, decisiones que adoptó -en su primer día de labores- su Congreso. Totalmente politizada, luego de su reconfiguración, la nueva sala le despejó el camino a la reelección presidencial en 2024, levantando el veto consignado en la Carta Magna salvadoreña. El resto corre a expensas del poder político y económico que le está otorgando a las Fuerzas Armadas que duplicará su personal en el próximo lustro. Autoritarismo de manual que reconocemos en la historia cercana de nuestro vecino. No en vano, el ex director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo de Bukele que “desmantelaba las instituciones democráticas de El Salvador más rápido que Hugo Chávez en Venezuela”. Sin techo ni contrapesos, luego de quitarlos de su camino, y aupado por el entusiasmo de sus seguidores, Bukele no oculta lo que es ni para dónde va. Como otras veces ha sucedido, el descontento general allana el camino de dictadores en ciernes que arropados por estrategias populistas terminan convirtiéndose en males peores que la enfermedad. Conviene estar atentos antes de que sea tarde.