Hasta la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea lamentó que personas “controvertidas” resultaran electas en las votaciones de las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz (Citrep). El eufemismo usado por el jefe de la delegación, el eurodiputado español Javi López, no es gratuito. En particular se refiere a la cantada, además de polémica, elección de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar ‘Jorge 40’, excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas, quien se quedó con la curul de paz de Magdalena, La Guajira y Cesar.
El abogado Tovar, víctima reconocida de la guerrilla, fue señalado por sus propios contendores de haber ganado “comprando votos o amenazando” en zonas donde ellos ni siquiera pudieron hacer campaña por falta de garantías de seguridad. Se sienten revictimizados, pero sobre todo vulnerables frente a la defensa de sus derechos. Este caso, sin duda el más discutido de esta contienda electoral, no fue el único que indignó e incluso causó desesperanza entre las víctimas del conflicto armado, para quienes fueron reservados los 16 nuevos asientos en la Cámara de Representantes, en virtud del Acuerdo de Paz.
Otros cinco elegidos para ocupar las curules han sido cuestionados por sus supuestos vínculos con clanes políticos tradicionales o por el dudoso origen de los recursos con los que financiaron sus campañas. Uno de ellos, Leonor Palencia Vega, prima del actual gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, quien obtuvo el escaño de los municipios del sur de ese departamento, tras haber sido denunciada por presunta compra de votos. En Tolima, Chocó, Norte de Santander y Arauca se repiten –con distintos matices– los señalamientos sobre la integridad de los representantes electos, pero en el fondo subyace el mismo inconformismo de asociaciones de víctimas por la descomunal desigualdad con la que unos y otros abordaron la disputa electoral que debía dar voz y voto político, es decir, representatividad a sectores históricamente excluidos. Desafortunadamente, no en todos los casos existe certeza de que eso ocurrió.
No se trata de restar validez o legitimidad a un proceso excepcional, al que ha costado mucho llegar. Todo lo contrario. Conviene identificar sus falencias para fortalecer a futuro los escenarios democráticos en estos 167 territorios, entre ellos la participación electoral de las víctimas y, en general, de comunidades golpeadas con dureza por la violencia. Si bien es cierto que las votaciones se realizaron en la totalidad de los municipios Citrep, en al menos 9 hubo alteraciones de orden público que restringieron el derecho al voto. En otros 27, 12 de ellos en los Montes de María, Cesar, Córdoba y Sucre, se detectó que los jurados ni siquiera entregaban los tarjetones para la elección.
Es esencial saber qué tanto esas situaciones anómalas limitaron la participación electoral, que fue del 42,8 %, una caída de cerca de cinco puntos porcentuales comparada con la de hace cuatro años, pese a que en esos municipios la Registraduría instaló 170 nuevos puestos de votación. O si detrás del escaso registro hubo “fallos de diseño” del proceso, que excluyeron a los votantes de las cabeceras municipales, permitiendo sufragar solo a los moradores de las zonas rurales y aisladas. La financiación de las campañas fue otra debilidad que minó la credibilidad de las elecciones. Sin recursos, porque la plata comprometida por el Estado llegó tarde o nunca lo hizo, muchos candidatos terminaron aceptando el respaldo de partidos tradicionales o, aún peor, de grupos armados ilegales, lo que abrió la puerta a una indebida infiltración que desvirtuó la naturaleza del ejercicio democrático.
Aunque ni los espacios citrep se libraron de la reprochable compra de votos, un delito en toda regla naturalizado en distintas regiones del país, también se dieron hechos positivos alrededor de esta inédita votación. Uno de ellos fue la conformación de listas paritarias con 202 candidatas, de las que 3 resultaron elegidas. El otro fue la escogencia de reconocidos líderes sociales que llevan años luchando por los derechos de las víctimas. Es cierto que aún falta camino por recorrer para reivindicar sus causas, como también lo es que el Acuerdo de Paz debe acelerar su implementación en estos territorios. Pero sería un error desconocer este paso que debe consolidar una nueva cultura política en la Colombia profunda.
