Que 22 de los 26 imputados en el macrocaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz que investiga los llamados ‘falsos positivos’ hayan reconocido su responsabilidad en la muerte y desaparición de 247 personas en el Catatumbo y la Costa Caribe es, sin duda, un hito que marca el rol de la justicia transicional en todo este proceso de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado tras la suscripción del acuerdo de paz con las Farc.

Cobra especial sentido que el oficial del Ejército de mayor rango de los imputados, el general (r) Paulino Coronado, haya reconocido su participación en este doloroso episodio de la historia reciente del país, enviando posteriormente un mensaje a los líderes de la nación a asumir los errores cometidos “por darle la espalda a la realidad, pensando que, si no lo vimos o no dimos la orden, no es de nuestra incumbencia”.

En su condición de comandante en su momento de la Brigada 30 que opera en Norte de Santander, Coronado fue llamado a responder por la muerte de 55 personas en calidad de autor a título de comisión por omisión.

En su escrito de reconocimiento el oficial en retiro expresó que, aunque no ordenó, planeó o instigó ninguna de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército, decidió aceptar su responsabilidad “como una obligación” con su propia familia, las víctimas y el país, y pidió perdón, un perdón trascendental, a quienes perdieron a sus seres queridos bajo esta abominable práctica que –según registros de la JEP– acumuló 6.402 muertes de inocentes entre los años 2002 y 2008. Así mismo ofreció su disposición para contribuir con el esclarecimiento de la verdad como medio para reparar a las víctimas.

Es abrumador intentar entender cómo se pudo causar tanto dolor sin sentido a partir de una política de conteo de cuerpos como indicador militar de bajas en combate. Fueron muchos años de lucha de las madres y familias por obtener este reconocimiento, que si bien no les devolverá las vidas de sus seres queridos se constituye en un primer paso para que todos los implicados en las ejecuciones extrajudiciales, sin excepción, comiencen a reconocer su participación y aporten verdad y reparación.

Sin embargo, la tragedia de los ‘falsos positivos’ no se puede quedar en un mero reconocimiento de responsabilidad de unos cuantos implicados, tiene que ser un propósito de Estado llegar al fondo de la verdad y que los dolientes de colombianos utilizados como recompensa militar puedan encontrar justicia y reparación. El proceso apenas comienza y se viene una etapa restaurativa para preparar la audiencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los comparecientes que aceptaron su participación. Los que no lo hicieron deberán responder ante la justicia transicional y podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.