La pandemia de la covid-19 ha dejado su nefasta huella en cada área, en cada sector, en cada grupo poblacional de Colombia y del mundo, y de ella no ha escapado la titánica labor de pretender dejar al país libre de minas antipersonal a 2025.
El ritmo que intentaba poner Colombia en esa tarea se vio truncado en 2020 por cuenta de la emergencia sanitaria. Mientras que en 2019 se lograron despejar 1,6 millones de metros cuadrados, el año pasado la cifra se redujo a 1,2 millones. Aun así 432 de los 715 municipios sembrados con minas fueron declarados libres de estos artefactos explosivos.
Tras la firma del acuerdo de paz en 2016, la cifra de afectados por estos elementos de guerra en el país ha ido en ascenso, al menos así lo reporta el Comité Internacional de la Cruz Roja que informó que de 57 víctimas en 2017 se pasó a 389 en 2020, 241 de ellas por minas antipersonal.
Cada año Colombia realiza grandes esfuerzos desde el Gobierno y desde las distintas organizaciones sociales y civiles que aportan en el desminado humanitario, pero de la misma manera se incrementa el uso despiadado por parte de los grupos criminales organizados que emplean las minas antipersonal para sembrar terror y controlar los territorios donde expanden su accionar delincuencial, afectando a las comunidades más vulnerables.
Tal es el caso de los 1.500 indígenas que permanecen confinados en Frontino, Antioquia, donde los caminos de ingreso y salida de los resguardos están plagados de minas, como una estrategia del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo que se disputan el control del territorio.
Hoy, cuando se conmemora el Día Internacional de la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, es necesario recordar a quienes han sufrido por esta práctica en la que Colombia, lamentablemente, es protagonista.
La integridad de los campesinos, de los indígenas y de quienes habitan las zonas rurales de Colombia no puede ni debe verse afectada por la infamia de quienes desprecian la vida en pos de abarcar territorios para seguir construyendo imperios criminales y corredores para el narcotráfico.
Ningún recurso es excesivo para garantizar la seguridad y la integridad de los colombianos, especialmente de los departamentos de Caquetá, Putumayo, Norte de Santander, Vichada y Amazonas, en donde la Defensoría del Pueblo ha emitido cuatro alertas tempranas en lo que va de este 2021 por contaminación con minas antipersonal y artefactos sin explotar.
Todos debemos saber que cualquier colombiano puede estar expuesto al drama de perder una o las dos extremidades inferiores o, peor aún, la vida. El desminado no admite aplazamientos, no admite frenos, no se puede dejar el camino libre para que los grupos armados ilegales ganen terreno y copen más metros cuadrados con esta absurda y dolorosa estrategia de guerra.
