Colombia enfrenta un escenario que obliga a mirar las urnas no solo como mecanismo de participación ciudadana, sino como territorio en disputa. A medida que se acercan las jornadas electorales, la mayor inquietud ya no es solo saber qué actores compiten o cuáles son sus propuestas centrales, sino bajo qué condiciones los votantes podrán ejercer su derecho a elegir.

Cuando convergen tantos riesgos de fraude electoral y violencia política, las comunidades quedan expuestas a que se les vulnere la garantía básica de que su voto sea libre. Y sin libertad real en la escogencia, la democracia se degrada en mera apariencia.

Todo indica que los comicios legislativos y las consultas del 8 de marzo y las dos vueltas presidenciales, previstas para mayo y junio, se desarrollarán bajo una sombra que nadie debería relativizar.

La Misión de Observación Electoral (MOE) identificó 170 municipios con riesgo coincidente por factores indicativos de fraude y violencia, un incremento de 29,7 % frente a ese mismo análisis en el 2022. Más grave aún es que los municipios considerados en riesgo extremo pasaran de 49 a 81 en ese lapso, un salto del 65,3 %. En esas regiones viven 4,5 millones de votantes, el 11 % del censo electoral del país. Cifra nada despreciable.

Los focos críticos comprenden Arauca, el nordeste antioqueño, el sur de Bolívar, el andén Pacífico, el norte del Cauca —con 19 de sus municipios en riesgo extremo—, el suroriente del país —Meta, Caquetá, y Guaviare, donde todos sus municipios se encuentran en alerta máxima por violencia— y la situación también es compleja en el medio y el bajo Putumayo.

En esos territorios confluyen anomalías históricas en participación, votos nulos o dominio electoral por la injerencia plena de estructuras armadas ilegales que se disputan el control de economías ilícitas y, en esta época, condicionan la actividad política.

De hecho, una de las regiones más amenazada hoy es el Catatumbo, epicentro de una crisis humanitaria desde comienzos del año 2025, que la convirtió en símbolo de un Estado que no logra llenar vacíos de seguridad. En esos contextos tan atípicos, los ciudadanos no solo enfrentan el riesgo de que el resultado electoral sea manipulado, sino el miedo directo de ser víctimas.

En ese escenario, hablar de deliberación libre es carreta. Se sabe bien que en ciertas zonas, el control territorial se traduce en intimidación electoral: los ilegales ordenan quién entra o sale, quién puede o no hacer proselitismo y, concretamente, por quién se debe o no votar.

Es incontestable que la violencia política ha desnaturalizado la contienda electoral, pese a que el discurso oficial asegure lo contrario. El asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay marcó un punto de quiebre que el país aún no supera.

A su repudiable crimen se suman graves hechos como el ataque contra el representante Julio Triana en el Huila, el atentado en Arauca contra el esquema del senador Jairo Castellanos, en el que dos de sus escoltas fueron asesinados, y el secuestro temporal de la senadora Aida Quilcué en el Cauca.

Ante este panorama, la respuesta institucional es definitiva. La iniciativa de Paz Electoral liderada por Procuraduría, Registraduría y Contraloría busca blindar los comicios con control preventivo, pedagogía y garantías de seguridad. La Defensoría del Pueblo y la MOE, con la Iglesia, ONU y OEA, trabajan por un “proceso electoral libre y en paz”, y el Plan Democracia, a cargo del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía, ya fue desplegado en el país.

El fraude y la violencia operan como una misma pinza. Uno distorsiona el resultado; la otra, la voluntad antes de que el voto se deposite. Ambos minan la legitimidad de origen de las autoridades y alimentan la desconfianza en las instituciones. Por ello, la defensa de nuestra democracia no puede limitarse al día de elecciones, exige presencia integral del Estado, protección efectiva a aspirantes y líderes, garantías para la prensa y vigilancia estricta a las prácticas clientelares y a la financiación de las campañas, exigiendo máxima transparencia. Y, sobre todo, ciudadanos dispuestos a defender su voto.

Socavar el orden democrático es fácil; sostenerlo, en medio de riesgos y amenazas, es la verdadera prueba. Una democracia con votantes condicionados en las urnas es una farsa. La legitimidad del proceso se sustenta en la aceptación y confianza ciudadana en que los comicios son libres, transparentes, justos e imparciales. Faltan 26 días para las votaciones de marzo y todavía queda mucho por hacer.