Tal parece que el mayor riesgo para el bolsillo de los habitantes de Puerto Colombia no está fuera del municipio costero, sino en el interior de la Oficina Jurídica de su Alcaldía. En un insólito recurso de apelación, la administración de Plinio Cedeño Gómez le pidió al Tribunal Administrativo del Atlántico revocar la medida cautelar que emitió para suspender el injusto e ilegal cobro de valorización en predios de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.

Quien presentó la inesperada solicitud es el abogado Miguel de Jesús Medina Gómez. Dijo el funcionario que actuaba con un poder otorgado por Zarika Orellano Marimón, la jefa de la Oficina Jurídica de Puerto. Su argumento, detallado en un par de folios membretados con los logos de la Alcaldía, se sustenta en que el cobro beneficia a la comunidad porque garantiza obras de infraestructura. Y, además, indica que la decisión del Tribunal carece de sustento suficiente para frenar un proyecto que, según el municipio, cumple con todos los principios de legalidad, publicidad y participación ciudadana. Eso a grandes rasgos, en vista de que el documento en cuestión, incluidos errores ortográficos, es un gran despropósito.

Han sido tantos meses de intenso debate jurídico, serio, riguroso, con trasfondo técnico, a cargo de competentes estudiosos en la materia, que no podemos menos que declararnos desconcertados ante los razonamientos incoherentes e inexactos que soportan el recurso de apelación de la Alcaldía de Puerto. ¿Con quién lo consultaron? ¿Por qué consideraron que imponer cobros injustos a su propia gente y a decenas de miles de ciudadanos en el resto del Atlántico y en Bolívar era pertinente? ¿O es que estaban haciendo un favor a una casa política, a Los Torres, como muchos señalan, para quedar bien con el gobierno Petro?

Ahora bien, quizás el doctor Medina o la doctora Orellano desconocieran que la medida de suspensión temporal del arbitrario e inequitativo cobro de valorización, un fallo judicial derivado de la acción popular interpuesta por el senador Carlos Meisel, fue el resultado de una ardua batalla por la justicia tributaria de nuestra región. Una cruzada real de dignidad, liderada por sectores sociales, políticos, económicos y, en especial, por comunidades de Atlántico y Bolívar que desde el primer día se declararon en pie de lucha contra el atropello.

Aunque la verdad es ingenuo y hasta ridículo creer que no lo supieran. Sobre todo, porque la totalidad de los predios de Puerto se encuentran cobijados por la contribución que pretende ser cobrada por el Ministerio de Transporte, ANI e Invías, pese a no tener sustento técnico ni legal. Y, además, de acuerdo con el Tribunal Administrativo del Atlántico, este tiene enormes deficiencias de participación previa o socialización sobre sus términos que afectan los derechos colectivos de la gente, como había anticipado la Procuraduría General.

Todo indica que el grotesco recurso de apelación dado a conocer en la mañana del martes por el senador Meisel tomó por sorpresa al alcalde Cedeño. Por su estupefacta reacción, o no le habían dicho, o no estaba enterado de las maniobras de sus funcionarios, o el abogado Medina indujo a su administración a un error garrafal de interpretación jurídica. Al menos dio la cara y como había prometido, horas después, ordenó el retiro de la apelación. Solo el tiempo nos dirá lo que hubo detrás de semejante salida en falso. Pero es obvio que el mandatario quedó bastante mal parado, luego de tener que atajar en el último minuto el golazo que uno de sus colaboradores del equipo jurídico le estaba metiendo en su portería.

Esa forma de actuación no augura nada bueno para lo que resta de su periodo. Entre otras razones, porque deja en el ambiente una pregunta inevitable: ¿Quién gobierna en Puerto? En aras de mantener los vínculos de confianza entre gobernantes y ciudadanos, reconocer errores y corregirlos con propósito de enmienda es indispensable. También lo es evitar normalizar este tipo de situaciones tan incoherentes que le hacen enorme daño a lo público.

Pero esto no termina aquí. Tras la medida cautelar del Tribunal del Atlántico, el Ministerio de Transporte e Invías presentaron una apelación y una recusación contra el magistrado ponente. Quedarse cruzados de brazos o en silencio solo nos acerca a una derrota. Seguir luchando, tocando las puertas de los jueces es el camino común que se inició hace más de un año y se recorre a diario. Sí, ni cómodo ni grato, pero al menos justo por el bien general.